Nuestro camino para consolidarnos como una nación democrática ha sido largo y laborioso. Penosamente, México tiene una historia de fraudes electorales y todo tipo de artimañas organizadas por la élite política del pasado para incumplir la voluntad del pueblo. Afortunadamente, los tiempos han cambiado: una señal de que al fin vivimos en una democracia es la confianza que tenemos en las instituciones electorales. La impresión general frente a las elecciones de 2018 y de 2021 es que la autoridad electoral se comportó con honestidad y transparencia, lo cual sugiere que las y los mexicanos tenemos una percepción aceptable de dichas instituciones. Pero esta impresión positiva no es garante de que en el futuro no se repliquen prácticas corruptas. En ese marco, el Poder Ejecutivo presentó su propuesta de reforma electoral.
Nuestra democracia se fortalece cada vez más en concordancia con la profunda transformación que atravesamos como país. Si bien el panorama es esperanzador, también es cierto que la corrupción y las prácticas antidemocráticas permearon hasta lo más profundo de nuestras instituciones. En ese sentido, asegurar el funcionamiento impecable de la institución electoral es salvaguardar la democracia mexicana: debemos reconocer que el INE tiene áreas de oportunidad que necesitamos corregir y subsanar para evitar que la deshonestidad lo invada e impida su labor. Sin embargo, la tendencia global a la desinformación y la proliferación de datos falsos ha impedido una correcta difusión de la propuesta. Esto revela la necesidad de explicar, fuera de mitos e ideologías, los puntos más relevantes de la reforma electoral para comprender su necesidad y pertinencia.
En primer lugar, uno de los principales objetivos es adecuar el sistema electoral a las transformaciones políticas que hemos vivido en los últimos años. Es decir, se admite que la realidad política ha cambiado y que hay elementos del sistema electoral que no son consecuentes ni útiles en los contextos actuales. Por tanto, la apuesta es por optimizar procesos e instituciones, y reducir el gasto excesivo de recursos en campañas electorales. Además, la modernidad nos abre las puertas para incorporar otro tipo de herramientas que contribuyan a que el voto de cada uno de las y los mexicanos sea considerado. Se busca ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad en los poderes públicos, para redirigir el exceso de recursos invertidos en el sistema electoral y de partidos y emplearlo para atender otras necesidades inaplazables de nuestra población. La transformación del INE pretende facilitar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública para que todos puedan acceder a las decisiones que más nos afectan.
Para dotar a nuestro país de un sistema electoral seguro, respetuoso del voto, legal y honrado es necesario ajustar diversos asuntos. Con la reforma, el INE no desaparece: se transforma en el Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC) que seguirá siendo autónomo. Se pone a discusión la eliminación de organismos electorales locales para que este nuevo instituto gestione comicios homologados y transparentes en todo el país. Además, tanto los consejeros del INEC como los magistrados del TEPJF serían propuestos por los tres poderes de la Unión y elegidos a través del voto popular en elecciones abiertas, con la finalidad de que el pueblo tenga mayor participación.
Se propone la reducción del número de consejeros del INEC de 11 a siete; de senadores de 128 a 96, y de diputados de 500 a 300. Se plantea que el recurso público se destine a los partidos políticos únicamente durante la campaña electoral, pues no existe fundamento suficiente para sostener ese gasto durante el resto del tiempo. Asimismo, con esta reforma se reduciría el tiempo de propaganda política en radio y televisión a 30 minutos diarios. Considerando la necesidad de que la voluntad popular sea escuchada y los medios para expresarla accesibles, el porcentaje de participación en una consulta popular, para ser vinculante, disminuiría de 40 a 30 por ciento y se impulsaría la posibilidad de usar nuevas tecnologías, como el voto electrónico.
Frente a la propuesta se han suscitado algunas movilizaciones sociales que han transitado, hasta ahora, con tranquilidad y paz. Sabemos que la verdadera democracia tiene la madurez política y social para el disentimiento. Empero, no debemos olvidar el fin que verdaderamente nos convoca: el bienestar de todo México. Esta finalidad no puede alcanzarse sin escuchar, frente a frente, las necesidades del pueblo; es necesario conocer sus inquietudes y perspectivas.
Esta reforma busca seguir construyendo una nación donde el voto de su pueblo sea absolutamente respetado, sin fraudes electorales, que impulse la libertad ciudadana de elegir a sus representantes. La transformación de nuestra nación es integral y permanente, por ello debemos asegurarnos de que las futuras generaciones vivan un México donde las decisiones están a cargo de sus ciudadanos, en un ambiente de libertad de expresión y confianza en los procesos electorales.
