En respaldo a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral, la presidencia de la Comisión de Reforma Electoral de la Cámara de Diputados, a cargo de Morena, sostuvo en el proyecto de dictamen que los consejeros y magistrados electorales se designaron por “cuotas partidistas y fueron cooptados por grupos de poder”.

El proyecto de dictamen asume íntegra la iniciativa de reforma a la Constitución del Ejecutivo y ratifica la propuesta de “cesar” a los actuales integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), si los consejeros y magistrados electorales son electos por voto popular.

Al respecto, apoyó la propuesta de reducir la integración del Consejo General del INE de 11 a siete consejeros, así como mantener en siete el número de los magistrados electorales.

En sus consideraciones, el texto de la presidencia de la comisión reconoció que el proyecto de dictamen se basa exclusivamente en la iniciativa del Ejecutivo, que propone reducir de 500 a 300 los diputados y de 128 a 96 los senadores, electos únicamente por listas nacionales.

El proyecto, de 934 páginas desecha las otras 61 iniciativas de los partidos las opiniones recogidas en el parlamento abierto, y la presidenta de la comisión, Graciela Sánchez Ortiz (Morena) lo presentó ayer en sesión conjunta con la de Puntos Constitucionales y de Gobernación, y al explicar el fondo de la iniciativa, el documento asumió el argumento presidencial de “suprimir al Instituto Nacional Electoral y crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas”.

Además, evaluó que elegir a consejeros y magistrados por voto popular “redundaría en la ampliación de los derechos políticos de los ciudadanos marginados de tan relevantes decisiones, por razones de intereses y cuotas de los partidos”.

En sus argumentos, reconoció que los sucesivos diseños electorales durante el final del siglo pasado fortalecieron a las instituciones del Estado y permitieron la gobernabilidad política en México; incentivaron la participación, y generaron estructuras estables y certidumbre institucional”.

No obstante, consideró que “es momento de continuar con el perfeccionamiento de las instituciones democráticas de México y sus autoridades”.

El proyecto expresó que se coincide “en lo fundamental con la propuesta de restructura al INE progresivamente, porque el Presidente busca un mejor desempeño y engrandecer la certidumbre del instituto, en el marco de la austeridad”.

Para la presidencia de la comisión, un “problema del sistema electoral mexicano es el costo de operación de los procesos electorales, supuestamente justificados por su complejidad”, además de que “algunos de los titulares y funcionarios se han caracterizado por una conducta de incumplimiento a los principios del servicio público del instituto”.