Monterrey, NL. Tras admitir que hay ocho denuncias en su contra ante la Fiscalía General de Justicia, y la Fiscalía Anticorrupción, Félix Arratia Cruz, solicitó al gobernador Samuel García Sepúlveda separarse del cargo como subsecretario de Administración Tributaria (SATNL).

El ahora ex funcionario reconoció abiertamente que la solicitud la hizo al mandatario estatal desde el lunes pasado y ésta ya fue aceptada por García Sepúlveda.

La Subsecretaría de Administración Tributaria, fue la que embargó las cuentas bancarias a diversos municipios, por adeudos en multas por pagar de manera extemporánea el Impuesto Sobre Nómina (ISN).

La SAT-NL entró en la polémica tras la pugna entre el gobierno del estado con el PRI y PAN, que inició con la desbandada de presidentes municipales de estos partidos para sumarse a MC.

Luego de estos movimientos, el SAT estatal abrió investigaciones contra adversarios políticos del gobernador, como los panistas Zeferino Salgado Almaguer y Carlos de la Fuente Flores y el priísta Francisco Cienfuegos Martínez.

Posteriormente, diputados locales acusaron al SAT de presionar a integrantes del Comité de Selección para designar al nuevo Fiscal, entre ellos a la secretaria técnica Sarahí Aranda, quien interpuso una demanda por amenazas contra Arratia Cruz.

El ex funcionario difundió en redes sociales: “¡Buenas noches! Desde el día lunes solicité al gobernador la separación de mi cargo, para en su caso ¡regresar después! Esto a fin de desahogar todas las carpetas de la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción que ahora se están poniendo a trabajar urgentemente”, señaló.

Arratia Cruz argumentó que dichas denuncias “me están quitando mucho tiempo, en perjuicio de mis actividades laborales, por eso tomé esa decisión. Tengo ocho carpetas de investigación entre la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción", manifestó.

La semana pasada, Félix Arratia tuvo una audiencia por una denuncia en su contra presentada por Sarahí Marcela Arnada García, integrante del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, por presunto abuso de autoridad, chantaje y amenazas.