Pachuca, Hgo. Tres de los cuatro alcaldes detenidos la mañana del miércoles por estar involucrados en la llamada estafa siniestra, se acogieron durante sus audiencias iniciales de vinculación a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se determine si son o no vinculados a proceso penal por los delitos de peculado agraviado así como el de uso ilícito de atribuciones y facultades, en agravio de la administración pública. Se trata de los ediles de Epazoyucan, Huautla y Yahualica.

En el caso de Luis Enrique Cadena García alcalde de Nopala de extracción morenista, sus abogados presentaron al juez de control de Pachuca un amparo el cual no había sido notificado a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) por lo que el juez le dictó como medida cautelar retiro del encargo y no salir del país.

Las audiencias iniciales de los alcaldes de Epazoyucan, Huautla, Nopala y Yahualica, tras ser detenidos y presentados ante jueces de control de Pachuca, iniciaron alrededor de las 19:00 horas del miércoles y terminaron a las primeras horas de la madrugada de este jueves.

La primer audiencia inicial fue la de Fidel Arce Santander, alcalde de extracción priísta de Epazoyucan por la causa penal mil 497/2022 quien tras ser capturado por policías ministeriales la mañana del miércoles fue enviado al Centro de Reinserción Social de Pachuca donde se ubica también el juzgado de oralidad.

Es señalado de malversar 14 millones 215 mil 780 pesos con dos empresas fachada con el mismo representante legal. Según la investigación, se le entregaron recursos para que fueran rehabilitados caminos rurales. La autorización, transferencia y el contrato se realizó por arrendamiento de maquinaria. El contrato no fue autorizado por el Cabildo y se generaron las facturas y los pagos correspondientes a personas morales que no tenían domicilio fiscal en Hidalgo, sino en Oaxaca y que no se encontraban en el padrón estatal de proveedores.

En una sala contigua de ese juzgado comenzó también, casi a la misma hora, la audiencia inicial de Felipe Juárez Ramírez, presidente municipal de Huautla emanado del desaparecido Partido Encuentro Social de Hidalgo (PESH).

Será la jueza Jeanette Montiel quien determinará si hay elementos para vincularlo o no a proceso penal de acuerdo al contenido de la causa penal foliada con el número mil 363/2022.

Es señalado por un presunto desvío de 26 millones 615 mil 780 pesos. Para ello el edil autorizó dos fondos: uno para la rehabilitación y mejora en vías de comunicación primaria y acceso así como de espacios recreativos; y la adquisición de insumos para combatir el covid-19 a través de empresas fachada. Toda la operación se hizo sin autorización del Cabildo.

En cuanto a los ediles de Nopala Luis Enrique Cadena de extracción morenista y de Elías Sanjuan Sánchez de Yahualica, emanados del PRI fueron también puestos a disposición de jueces penales durante la noche del mismo miércoles.

A Luis Enrique Cadena de Nopala se le acusa de malversar 71 millones 961 mil 890 pesos para arrendamiento de maquinaria y equipo de rehabilitación de caminos rurales, ganaderos, calles y carreteras, así como servicios de mantenimiento, limpieza y fumigación de una presa y combate del mosco culex. Igual que en los casos anteriores, se detectaron empresas fachada.

En el caso del presidente municipal de Yahualica, el daño patrimonial fue de 15 millones pesos a través de una adjudicación directa para la compra de implementos de fumigación y arcos sanitizantes. El edil otorgó una adjudicación directa que no fue aprobada por el Cabildo y hubo transferencias de empresas fachada.

La PGJH informó que las audiencias iniciales serán privadas o a puertas cerradas, sin acceso a periodistas o al público en general, debido a la información sensible e identidad de otras personas que son investigadas también sobre los mismos casos.

De acuerdo a lo que marca la ley, esa institución tiene 72 horas para poner a disposición de los jueces a los detenidos a partir del momento de su detención.

Los jueces tienen la obligación de determinar si vinculan a proceso a algún inculpado en cuanto se presenta todo el caudal de pruebas, a favor y en contra del detenido.

En algún momento de la audiencia inicial, los jueces preguntan a los detenidos si desean que se resuelva de una vez su situación legal a lo que los inculpados tienen derecho a la duplicidad del término constitucional para obtener evidencias y testigos a su favor. Si es así, los jueces posponen por 144 horas su fallo.