La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá que informar sobre la cantidad de sus elementos que han sido investigados por su posible responsabilidad en los delitos de maltrato a prisioneros, detenidos o presos y heridos; pillaje, devastación, merodeo, apropiación de botín, contrabando, saqueo y violencias contra las personas, según determinó el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

En su sesión de este miércoles, el órgano autónomo analizó la respuesta que la Sedena dio a un particular, quien solicitó dicha información, pidiendo que se desglosara la fecha de las denuncias, cuántas han sido judicializadas y el número de casos que terminaron en sentencias condenatorias.

La Sedena dio una respuesta inicial a esta consulta, señalando que pidió informes al Tribunal Superior Militar y a la Fiscalía General de Justicia Militar, quienes le respondieron que no tenían información sobre casos abiertos sobre esos delitos específicos.

El consejero del Inai, Adrián Alcalá, encargado de analizar la reclamación RRA 17975/22, señaló que la Sedena no observó el principio de exhaustividad para buscar la información requerida, pues había aún muchas otras instancias militares a quienes podía haber consultado sobre la información requerida, entre ellos las áreas de derechos humanos, asuntos jurídicos y la contraloría general del Ejército.

Añadió que en estos momentos, donde las Fuerzas Armadas están involucradas activamente en tareas de seguridad pública, es necesario que haya completa transparencia sobre las posibles conductas ilícitas en que puedan incurrir sus elementos.

La propuesta fue aprobada por unanimidad, por lo cual la Sedena deberá hacer una nueva búsqueda de la información que se le pidió, agotando todas las instancias de su estructura administrativa.

En la sesión del Inai, que se efectuó por primera vez fuera de su sede de la Ciudad de México, celebrándose en la capital de Durango, también se votaron por unanimidad otros asuntos que fueron discutidos en lo particular.

Entre ellos una resolución que obliga a la Fiscalía General de la República (FGR) dar una versión pública sobre la cantidad de denuncias por robo de contenedores de carga ocurridos en los puertos del país, otra que señala que la Secretaría del Bienestar debe informar sobre el origen y distribución de los árboles adquiridos para el programa Sembrando Vida, y al organismo Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, para que informe sobre el proceso de entrega-recepción de su Dirección de Administración, en el año 2022.