La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, criticó ayer el mecanismo que otorga a los partidos políticos la potestad de elegir a consejeros electorales, al titular del organismo a su cargo y a los integrantes de su consejo consultivo.

Ese “sistema se concibió para garantizar un control total; incluso mi propia elección así lo demuestra, al pretender convertir en rehén de intereses partidistas a la CNDH, bajo el supuesto de que estaría yo en deuda con los legisladores y los partidos, presiones que hemos tenido que sortear”, añadió.

Piedra compareció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde, de manera poco usual, pidió a sus colaboradores responder preguntas que le dirigieron los legisladores.

En la reunión, la ombudsperson defendió la controversia constitucional que interpuso la CNDH contra el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Queremos contar con un órgano realmente autónomo de cualquier poder constituido o fáctico, legal o supralegal, que asegure la transparencia del proceso electoral y el recuento efectivo de votos con plena certeza para la ciudadanía; que elimine por completo el control gubernamental y la prevalencia de los intereses partidistas”, expuso.

Si bien la Constitución limita la competencia de la CNDH en asuntos electorales, expuso que la recomendación emitida sobre la reforma no se inmiscuye en las funciones del INE ni pretende rectificar sus decisiones, sino más bien incidir en un fortalecimiento del sistema democrático y sus instituciones.

Un caso de 1952

Otro de sus argumentos fue que no pueden seguir sucediendo hechos como los del 7 de julio de 1952, cuando hubo una masacre de ciudadanos que de manera pacífica pedían respeto al voto y se manifestaban contra el fraude. Piedra aseguró que entonces hubo más de 500 muertos.

Se refirió así a la represión policial en la Ciudad de México de un mitin de partidarios del candidato presidencial opositor Miguel Henríquez Guzmán.

En una reunión sin contratiempos ni discursos tonantes por parte de la oposición, sino más bien reiterativos, Piedra Ibarra señaló que llegaba a la reunión a defender a la CNDH de los “infundios y las mentiras de la campaña con sesgo partidista que se ha emprendido” desde que asumió la titularidad del organismo y que “sólo tiende a abonar a agendas políticas”.

Frente a las críticas de que sólo se ha dedicado a defender a la actual administración federal, la funcionaria expuso que la comisión hoy “es más autónoma que nunca, no sólo ante el gobierno, sino ante partidos, grupos de poder económico y político, y sobre todo frente a poderes fácticos que llevan años controlando todo en el país y no quisieran perder influencia ni privilegios, a tal punto que quienes se quejan de desatención no son las víctimas, sino políticos y legisladores, que han querido y quieren usarnos para justificar sus agendas personales y hasta para hacer campañas electorales”.

Añadió que también la atacan porque no paga ni un centavo de publicidad o contratos millonarios a periodistas y opinadores por trabajos que nada servían a las víctimas. En esto, “no hay marcha atrás, no va a pasar que despilfarremos el dinero del pueblo en repartir chayotes (sobornos)”, para que la alaben.

La presidenta de la CNDH subrayó que las críticas por su omisión ante el control militar sobre la Guardia Nacional se derivan de un análisis sesgado y de valoraciones de tipo electoral y político respecto a las reformas que fueron aprobadas sobre ese cuerpo.

Manifestó que la comisión analizó tales modificaciones y decidió no interponer un recurso, dado que no existe la supuesta inconstitucionalidad que se alega, puesto que la guardia mantiene su carácter civil.