Un tribunal federal en materia penal de la Ciudad de México concedió un amparo a Antonio Tarek Abdalá Saad, tesorero en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz (2010-2016), lo que deja sin efecto la orden de aprehensión que se libró en su contra por los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, incumplimiento de un deber legal y coalición en agravio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.

El 16 de abril de 2020, Gregorio Esteban Noriega Velasco, un juez de procedimiento penal oral del onceavo distrito judicial, con sede en Pacho Viejo, giró una orden de captura contra Abdalá Saad, quien en la actualidad es testigo colaborador de la Fiscalía General de la República.

Los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito confirmaron la resolución del juzgado sexto de distrito de amparo en materia penal, que concedió la protección de la justicia federal al ex funcionario por considerar que hubo vicios formales en el procedimiento.

Los efectos de la medida cautelar son que el juez de control deje insubsistente la orden de aprehensión por los delitos citados, con libertad de jurisdicción y resuelva nuevamente en relación con la orden de captura solicitada con una resolución en el mismo sentido o en uno diverso.

En caso de reiterar su decisión deberá precisar qué datos de prueba permiten establecer la existencia de los delitos mencionados y por qué se actualiza la necesidad de cautela.

Según el expediente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que el ex colaborador de Duarte de Ochoa participó en una red de corrupción que involucró al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz, a cargo entonces de Karime Macías Tubilla, esposa del mandatario.

A través de 26 empresas fantasma, la UIF identificó irregularidades por 224 millones 25 mil 477 pesos entre 2012 y 2016, que involucraban a cerca de un centenar de personas, entre ellas Tarek Abdalá.