Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea, sostuvo que la terminación anticipada del contrato de construcción del tramo 5 sur del Tren Maya –que correrá de Playa del Carmen a Tulum– se debe a que hay una “imposibilidad técnica” de concluir el proyecto en 11 meses y entregarlo en julio de 2023, como solicitó la administración pública.

“La terminación anticipada se debió a la imposibilidad técnica para realizar el proyecto en 11 meses y entregarlo en julio de 2023. Se evitó incurrir en un incumplimiento derivado de nuevas fechas de entrega solicitadas”, expuso la empresa en un comunicado.

En su conferencia de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le tomó “por sorpresa” el litigio que ha emprendido este consorcio porque, a través de la Secretaría de Gobernación, se había acordado una salida al diferendo.

“Su dueño es segundo, tercer lugar, de los más ricos del país. Pero hasta eso que ha habido buenas relaciones. Sin embargo, no sé ahora qué lo llevó a asociarse para montarse en la campaña en contra nuestra”, dijo el Presidente ayer.

Por su parte, Grupo México apuntó que ha llevado a cabo todas las acciones requeridas por Fonatur para formalizar el cierre de ese contrato y proceder a la conciliación y el pago de los trabajos realizados.

“En todo momento se ha buscado favorecer los objetivos del gobierno federal para el avance de su proyecto.”

Detalló que “la seriedad y el profesionalismo del consorcio lo llevaron a declinar ante la complejidad y la premura impuesta a la terminación del proyecto. El consorcio no cometió ningún incumplimiento durante la vigencia del contrato”.

Grupo México también puntualizó que “todas las actuaciones encaminadas al cierre del contrato han formado parte de un procedimiento legal y administrativo establecido con base en los requerimientos de Fonatur, en un marco de diálogo y buena fe. De cada acción han estado plena y oportunamente informados los funcionarios del gobierno federal relacionados con el proyecto”.

El consorcio refirió que “ha aceptado la propuesta del gobierno de que el finiquito derive del análisis y la conciliación que tengan lugar con los ingenieros militares”.

Por ello sostiene una “absoluta convicción de que el finiquito debe ser transparente, apegado a los hechos y a la legalidad”.