Tijuana, BC., El ex actor Eduardo Verástegui, ratificado este fin de semana como una de las voces de la ultraderecha mexicana y cabeza del Movimiento Viva México, firmó convenios de colaboración con los gobiernos morenistas de Baja California y Michoacán para recibir financiamiento a sus actividades contra la trata de personas y la explotación sexual infantil.
En el caso de Baja California, el documento se firmó el 11 de octubre con los sistemas DIF estatal y municipales; la fiscalía general del estado y la Secretaría General de Gobierno, en un acto al que asistieron distintas autoridades, como el alcalde de Ensenada, Armando Ayala, y la fiscal Especializada en Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, Adriana Lizárraga, además del propio Verástegui.
En el acuerdo, el Ejecutivo de Baja California se comprometió a prever “en el proyecto de presupuesto del estado los recursos necesarios para atender la prevención, atención y rehabilitación que demanda este delito y establecer refugios por su parte o con el apoyo de la sociedad civil organizada que cuenten con las condiciones necesarias para la rehabilitación de las víctimas de los delitos de trata y explotación sexual infantil”, entre otros.
A su vez, el DIF estatal y la fiscalía se comprometen a “designar las áreas competentes” para que el personal reciba capacitación sobre la trata y explotación de niños y adolescentes y fortalecer a la Fiscalía Especializada en Adolescentes, respectivamente.
“Sujetos a disponibilidad presupuestaria”
Mientras, el Movimiento Viva México acordó compartir la información que posee sobre estos crímenes, así como “los mejores mecanismos de prevención del delito y rehabilitación de víctimas que se utilizan en distintos países”, así como “participar en acciones conjuntas con las autoridades para capacitar y especializar a las áreas de persecución del delito y atención a las víctimas.
“Los compromisos señalados por las partes estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria, de acuerdo con el ejercicio fiscal de que se trate y a su situación financiera o programática”, apunta el documento firmado por Catalino Zavala Márquez, secretario general de gobierno; Ricardo Iván Carpio, fiscal general del estado; Mónica Vargas, directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Eduardo Verástegui, presidente honorario del Movimiento Viva México, AC.
Cuando el 13 de octubre la gobernadora de Morena, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue interrogada sobre el sentido de firmar este tipo de acuerdos con organizaciones de derecha, que están en contra de que las mujeres decidan sobre sus cuerpos y son abiertamente de extrema derecha, no hizo comentarios y pidió a Zavala Sánchez que respondiera.
“Es con la visión del estado, con su propuesta progresista y de los términos de política pública de Baja California, como se firmó dicho convenio”, se defendió el funcionario. Además de este convenio, Verástegui firmó otro similar con el gobierno de Michoacán, particularmente con la fiscalía general, el 13 de octubre pasado, sobre “una ruta de trabajo para hacer frente a la explotación sexual infantil”.
Además de producir películas y firmar convenios, el Movimiento Viva México ayuda en la organización de manifestaciones en contra del derecho de las mujeres a ejercer el abortar, el matrimonio igualitario, al igual que actividades como la Conferencia de Acción Política Conservadora en el país, que comparte nombre y valores con la que se lleva a cabo en Estados Unidos.