Después de poco más de un año de trabajo, entre revisión de expedientes militares y archivos, investigaciones en hemerotecas y recabar algunos testimonios de víctimas, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia de la llamada guerra sucia analiza los diagnósticos sobre lo que sucedió entre 1965 a 1990, los cuales confirman que la represión por parte de actores del Estado “fue masiva y generalizada”.

Va mucho más allá “de la guerrilla o la contrainsurgencia, fue también contra disidencias magisteriales, sindicatos, centrales campesinas, grupos de personas transexuales, entre otros”, dijo Carlos Pérez Ricart, integrante del citado mecanismo.

En entrevista, anunció que con base en esta información el próximo año iniciarán trabajos de campo para recabar más testimonios y visitar sitios donde hubo cárceles clandestinas y se cometieron detenciones arbitrarias y tortura, incluidos campos militares.

Estamos realizando seminarios con los investigadores del mecanismo para discutir los primeros hallazgos de la investigación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. “Nos hemos dado cuenta de la magnitud, frecuencia y sistematicidad con la que actores del Estado violentaron a las diferentes víctimas”, sostuvo Pérez Ricart.

El investigador, académico en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), también dio a conocer que, como parte del Día de los Derechos Humanos, el 9 y 10 de diciembre habrá un primer gran encuentro con diferentes colectivos de sobrevivientes y familiares de víctimas, en Chilpancingo, Guerrero, “que va a servir como una suerte de audiencia pública”.

Por otra parte, el Comité de Impulso a la Memoria de la Comisión dio a conocer que se encuentra elaborando un proyecto de ley general de memoria, mismo que será presentado la próxima semana a sobrevivientes y familiares de víctimas, así como a organizaciones de la sociedad civil y académicos. En éste se contemplan, entre otras cosas, obligar al Estado a contemplar cuestiones de memoria pública sobre las violaciones graves a derechos humanos, así como normatividad para la creación de sitios de memoria.

Para la elaboración del borrador se ha contado con la asesoría de la Red de Sitios de Memoria de América Latina y el Caribe, así como de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia.