El martes pasado se presentó en el Senado, por primera vez, un punto de acuerdo sobre los peligros que representan los tratados de libre comercio e inversión. José Luis Pech, senador por Quintana Roo, exhortó a la SRE a analizar exhaustivamente los impactos de los TLC ya firmados y corregirlos; buscar alternativas al Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones (Ciadi) para la resolución de litigios; y a que no se firmen nuevos tratados con cláusulas de protección de inversiones que afecten la soberanía y los derechos económicos, sociales y ambientales (https://bit.ly/3ApzoR6 y https://bit.ly/3EHphcS).

El punto de acuerdo comienza: “En la década de 1980, los gobiernos en turno otorgaban concesiones, prácticamente regalando parte del territorio nacional para que empresas extranjeras explotaran los recursos naturales de nuestra nación”. Cita Pech el caso de demanda de la minera estadunidense Vulcan a México por unos mil 500 millones de dólares por no habérsele permitido a su filial Calica continuar operando en el municipio de Solidaridad, debido al severo deterioro ambiental que ha provocado ( La Jornada, 22/11/14). Esta demanda ha llamado mucho la atención a la prensa dada la importancia que el presidente López Obrador le ha prestado. Pero está lejos de ser la única. Como señala la Radiografí a del poder en México (https://bit.ly/3GtEDTQ), que sirvió de insumo para la elaboración del punto de acuerdo, México tiene varias demandas pendientes por al menos 6 mil millones de dólares.

Como hemos previsto, aumenta la avalancha de demandas contra México bajo la “cláusula de legado” del TLCAN en el T-MEC ( La Jornada, 22/8/01). Se suman, entre otras, la de Coeur Mining, otra minera de Estados Unidos, por la supuesta no devolución de impuestos por los gobiernos de Chihuahua y Durango.

Para colmo, Access Business Group (ABG), también de EU, ha notificado que demandará a México por “hasta 3 mil millones de dólares” (https://bit.ly/3UQNUtd). Se queja de la decisión del gobierno de hacer cumplir el decreto de 1939 de Lázaro Cárdenas de devolver las tierras del ejido San Isidro, en Jalisco, ocupadas por la explotadora y contaminante empresa Amway-Nutrilite (cuyo dueño es ABG), a campesinos y trabajadores rurales (Silvia Ribeiro, “La larga lucha de San Isidro”, La Jornada, 22/7/16), cuyo propósito es desarrollar el primer municipio agroecológico del país ( La Jornada, 22/7/11).

Una revisión en México de los TLC coadyuvaría a que también en Centroamérica se revisen los impactos del TLC con Estados Unidos (Cafta-DR) y examinar su contribución a la migración forzada. Como muestra de la aberración que es el sistema de resolución de disputas inversionista-Estado (ISDS por sus siglas en inglés), basta mirar a Honduras, que con la victoria de Xiomara Castro en 2021 se esfuerza por liberarse de los legados del narco-Estado instaurado desde el golpe de Estado de 2010. Una de las decisiones más importantes ha sido la derogación de las eufemísticamente llamadas zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE), o “ciudades modelo”, que en realidad son zonas libres que tienen (algunas siguen operando) su propia seguridad, leyes, moneda y cuya imposición es bien descrita por la organización del pueblo garífuna Ofraneh como “el retorno del dominio de caciques europeos y reyes estadunidenses a la costa norte de Honduras” (https://bit.ly/3EkWOZb). La empresa Prospera (sic), de Washington DC, que opera una de las ZEDE en la isla de Roatán (https://prospera.hn/), amenaza a Honduras, con el apoyo de senadores estadunidenses, de demandarle por más de 10 mil millones de dólares, lo que equivale a casi la mitad de su PNB anual (https://bit.ly/3gfXKpE).

El punto de acuerdo de Pech coincide con el lanzamiento –el 15 de noviembre– de la “Declaración sobre ISDS y el clima” con la que más de 380 organizaciones y redes sociales de todo el mundo llaman a gobiernos a eliminar “la amenaza que supone para el clima el mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS)” (https://bit.ly/3OiTMsW). Se citan varios países que se han retirado de tratados como el Tratado de la Carta de Energía (https://cutt.ly/MMZ2QAb). Esta semana Alemania anunció su retiro.

Australia es el país que más recientemente anunció la eliminación del sistema ISDS, tras años de lucha por redes como la Australian Fair Trade and Investment Network. Lo ha facilitado el que Australia sea gobernada por el Partido Laborista. Don Farrel, ministro de Comercio y Turismo, dijo que “garantizar que los beneficios del comercio fluyan hacia el pueblo australiano significa que mantenemos el derecho a regular áreas claves de la política social como salud, ambiente y cuestiones que afectan a los australianos de las primeras naciones. Significa preservar la capacidad del gobierno para gobernar en el interés nacional. Para ello, no incluiremos la solución de diferencias entre inversores y Estados en ningún nuevo acuerdo comercial” (https://bit.ly/3Gy92QV).

Los avances como el punto de acuerdo en el Senado, y los retiros de tratados, llamados, y amenazas aquí descritos deberían alentar a los presidentes AMLO, Boric, Petro y Castillo a colaborar en la eliminación del régimen de tratados de protección de inversiones a escala global. La cumbre de la camaleónica Alianza del Pacífico, del 23 al 25 de noviembre en la CDMX, sería buen espacio para empezar.

* Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org y Asociado del Transnational Institute www.tni.org