Unos 600 migrantes venezolanos abandonaron el campamento que instalaron en el bordo del río Bravo, frente al muro fronterizo que divide a Ciudad Juárez, Chihuahua, de El Paso, Texas, y se entregaron a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, para no padecer más las bajas temperaturas resultado del frente frío número 9, luego de que un juez estadunidense emplazó al gobierno de Joe Biden a que deje de aplicar la legislación conocida como Título 42, que implica la deportación automática de indocumentados que solicitan refugio.
Según Santiago González, director de Derechos Humanos de Juárez, los venezolanos abandonaron la noche del miércoles 113 carpas, ropa, zapatos y otras pertenencias, que ayer fueron retiradas en un operativo implementado por personal de Servicios Públicos Municipales, del Consejo Estatal de Población y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) “para no generar un foco de infección o un riesgo de incendio”.
Expuso que el alcalde Cruz Pérez ordenó “respetar los derechos humanos de las personas en situación de movilidad, así como su derecho a la migración, por lo que sólo estamos retirando las carpas que fueron abandonadas”.
Aseguró que los venezolanos que permanecen en el bordo del Bravo tienen a su disposición “la ayuda humanitaria que se ofrece en los albergues (de Ciudad Juárez), donde se cuenta con todas las condiciones de infraestructura, espacios, servicios e insumos para tener una migración digna”.
González, además, invitó a los extranjeros a que acudan a la bolsa de trabajo de la Oficina de Atención a Migrantes municipal, por la cual 60 personas procedentes de Venezuela han obtenido empleos formales.
Mientras, administradores de la Casa del Migrante de Matamoros, Tamaulipas, informaron que al momento, cientos de migrantes oriundos de Chiapas y Guerrero, al igual que extranjeros, esperan a la intemperie respuesta a sus solicitudes de asilo humanitario del gobierno de Estados Unidos, pues los refugios de la localidad están saturados.
En este contexto, el INM instaló un punto de revisión en el cruce internacional de San Ysidro, a unos metros de la entrada a territorio estadunidense, como parte de un plan piloto que concluirá el 15 de enero próximo, para detectar a indocumentados que intenten ingresar al país vecino en automóviles, sobre todo “tratantes de personas y rusos”, dio a conocer la alcaldesa de Tijuana, Baja California, Monserrat Caballero.
