A las 3:30 de la mañana del 8 de noviembre, la ciudad de Meoqui, Chihuahua, despertó alarmada: 30 patrullas de la policía estatal y del SWAT se presentaron en el libramiento de la carretera 45, con decenas de elementos y armas largas. La asustada población pensaba que había un dispositivo para aprehender a uno de los capos de los cárteles locales; por ejemplo, El Chueco, presunto asesino de los dos jesuitas y un guía de turistas en la comunidad de Cerocahui, en junio pasado.

Pero no, el amedrentador despliegue de fuerzas era para proteger a los obreros de la constructora D-Alta que iban a empezar a erigir las torres de transmisión de electricidad para la empresa Malt-Europ, que surtirá de malta a la cervecera Heineken, inaugurada en Meoqui en 2017. Luego se abrirá una fábrica de latas de aluminio.

¿De quién protegían los policías a la constructora? ¿De un cobro de cuota o derecho de piso de los narcos? ¿De un posible sabotaje? De ninguna manera: el operativo iba dirigido contra las posibles acciones de poco más de 12 agricultores y propietarios de los lotes por donde pasará la línea de transmisión, que no han querido aceptar la jugosa indemnización de un dólar por metro cuadrado que les ofrecen. Amenazados y maltratados por los policías, los agricultores y propietarios interpusieron un amparo contra la intervención ilegal de la policía estatal, custodiando a ­D-Alta, propiedad de una de las familias más acaudaladas de Chihuahua. ¿Deudas de campaña?

Operativo similar desplegaron las policías estatal y municipal en Chihuahua el día 11 para cercar el parque El Palomar, donde desde ese día se presenta la obra La golondrina y su príncipe, financiada por los gobiernos estatal y municipal con más de 35 millones de pesos, para lo cual suspendieron el Festival Internacional Cultural Chihuahua. El gobierno acusó a “grupos de malandros acarreados” de sabotear la obra, pero la protesta que se presentó fue una muy pacífica toma del escenario por artistas y trabajadores de la cultura, inconformes con el recorte de fondos para sus actividades.

Ambos operativos más declaraciones y acciones del gobierno del estado revelan que cualquier crítica a éste es satanizada atribuyéndola a los famosos “emisarios del pasado” (Echeverría dixit) o a grupos delictivos. Ejemplo significativo es el del secretario de seguridad pública estatal, Gilberto Loya, quien aseguró que “los únicos que se oponen a la creación de la Torre Centinela (sistema de seguridad que costará 4 mil 200 millones de pesos) son los delincuentes, ya que este proyecto viene a coartar la libertad con la que se venían desplazando”. (http://bit.ly/3E25uDs)

El mensaje del gobierno estatal es muy claro: “Quien no está conmigo es un delincuente”. La criminalización de la protesta social, la “malandrización” de la crítica y disidencia, reforzada y ampliada por los medios y redes pagados con los recursos del pueblo chihuahuense. A toda reacción crítica corresponde una ejecución sumaria por parte de los medios y las gacetillas disfrazadas de columnas políticas.

Detrás de los operativos contra los agricultores de Meoqui hay un doble fondo: proteger a las empresas como Heineken y Malt Europ y a las que vengan a expandir el parque industrial y a las constructoras contratadas, y sofocar las protestas que han surgido por el abuso del agua de la Ciénega de Meoqui, la más importante reserva de la región.

Pero quienes dicen defender la democracia y la legalidad abusan del poder: el día 11, 10 patrullas estatales se apostaron de nuevo en el libramiento de Meoqui. Ahora sí, D-Alta empezó a perforar para colocar los pilotes de las torres eléctricas a dos metros de la cinta asfáltica. Los agricultores denunciaron el hecho a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Acudió personal de ésta y comprobó que se estaba invadiendo el derecho de vía, por lo que clausuró la obra de inmediato y levantó el acta correspondiente. Así que las fuerzas estatales resultaron protectoras de la perpetración de un acto ilegal contra la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Así se ejerce el poder en Chihuahua: se ven malandros donde no los hay y no se ven donde los hay. Se participa en marchas para “Defender la democracia y el INE”, incluso sin conocer el contenido de la propuesta de la reforma electoral, al tiempo que se pisotea el mínimo derecho democrático que es el de disentir de quienes ejercen el poder.

P.D. Al cerrar esta entrega, la juez séptima de distrito notifica que se otorga a los productores quejosos la suspensión plena del acto reclamado, por lo que instruye a que: “cese toda incomunicación, malos tratos, intimidación, inminente detención ilegal… Además, las autoridades deberán ordenar el retiro inmediato de los cuerpos de seguridad policiacos, ya sean federales, estatales o municipales”.