Bajo el mando del subprocurador Juan Ramos López, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros (Feidff) de la Fiscalía General de la República (FGR), será la encargada de investigar a Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, por la presunta comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Funcionarios ministeriales señalaron que la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) quedará bajo la responsabilidad de Ramos López, quien ha tenido en su área de competencia investigaciones relacionadas con el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por haber recibido sobornos de la constructora Odebrecht y de Altos Hornos de México por la adquisición de Agronitrogenados.
Asimismo, Juan Ramos López, considerado uno de los hombres más cercanos al fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, ha estado a cargo de procesos relacionados con la llamada estafa maestra y particularmente en el proceso que se sigue a la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga.
Murillo Karam, quien se encuentra hospitalizado desde hace tres semanas y recibe tratamientos especializados por sus padecimientos cerebro vasculares y pulmonares, enfrenta un proceso penal por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, obstrucción de la justicia y desaparición forzada, y se le dictó prisión preventiva justificada.
El ex titular de la PGR fue denunciado por la UIF al considerar que “posiblemente esté relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (artículo 400 bis), debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios a sobrino, yerno e hijos de la PEP (persona expuesta políticamente, Jesús Murillo Karam), resultó beneficiada con contratos del gobierno federal cuando éste se desempeñaba en su cargo.
“En este sentido, se identificó que la referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso la PEP tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, por lo que posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde mediante influencias se benefició con contratos a la empresa familiar.”
Señaló la UIF que “la empresa familiar presentó diversas irregularidades en su forma de constitución, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar. De igual forma, fiscalmente declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente”.
