El entrecruzamiento soberanía, energía y territorio nunca ha sido tan complejo y vital como en tiempos de transformaciones históricas e intensas como en estos días del cuarto año de la 4T, que vivimos después de 36 años de un desolador, desarticulante y polarizante neoliberalismo que hasta 2018 colocó al país en ruta al desmantelamiento de los fundamentos de la paz social requerida para mantener la integridad nacional en la conversación con la potencia norteña, dada la inmensa asimetría de su poder económico y militar en momentos de precipitado deterioro hegemónico.
Ese “neoliberalismo” ha sido impulsado desde los instrumentos financieros del Estado nacional estadunidense, en materia de transferencia de riqueza pública de México y la región latinoamericana y del Caribe a favor del sector privado, vía la condicionalidad atada a toda línea de crédito (BM y FMI).
Gracias a la capacidad de interlocución firme y efectiva de Raquel Buenrostro, entonces a cargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), no aumentaron los impuestos, sino que se requirió el pago a la élite económica reacia a cumplir con sus obligaciones, lo que ha permitido que el Estado tenga recursos para aminorar la enorme brecha que aún sigue presentándose en los ingresos de la población.
En la glosa del IV Informe de gobierno, Buenrostro, ahora secretaria de Economía, ante el pleno del Senado aseveró que “hay diversas industrias interesadas en invertir en nuestro país”, por lo que se otorgan facilidades comerciales y estímulos fiscales para proyectos estratégicos destinados a diversas empresas norteamericanas que quieren relocalizarse. “Más de 400 que están en Asia quieren invertir en materia electrónica y electromecánica y en el corredor interoceánico. En relación con estos proyectos la cautela es vital como consta en la obra de Ramiro Guerra, La expansión territorial de los Estados Unidos (1962).
El corredor interoceánico es la megaobra geopolítica de AMLO que uniría al Golfo de México con el océano Pacífico, favoreciendo sobre todo a Estados Unidos, que equilibraría sus relaciones comerciales al conectar su costa este con la Cuenca del Pacífico, señala la doctora Ana Esther Ceceña, en entrevista a Samuel Cortés (Sputniknews.lat 23/6/22)
Para Karla Alethya Jara, “Infraestructura para la subordinación de territorio mexicano al capital transnacional”, en Belmont et al, Flexibilización y despojo, Facultad de Economía de UNAM (2022), la subordinación de México al capital trasnacional, particularmente de EU, se inserta en una estrategia de largo alcance (Doctrina Monroe) del proyecto territorial de EU sobre el territorio continental en el que obras de infraestructura funcionan como articulaciones geoestratégicas para integrar territorios a la explotación de capital, resultando que el estado nacional pierde una parte del control político sobre el territorio.
Por eso, cuando la secretaria de Economía dice que México y EU son “dos grandes economías que se complementan y benefician mutuamente” es mejor tener en cuenta las profundas asimetrías que hay entre México y EU y la preocupación imperial por el “sesgo nacionalista” de México en los sectores energético y eléctrico.
Siguiendo una observación de Lorenzo Meyer en relación con que en EU no existe inversión extranjera en su mercado eléctrico, resulta irónico que este reclamo venga de una potencia caracterizada por un profundo nacionalismo económico que lejos de ser una economía de libre mercado ha tenido un papel protagónico en la vasta movilización bélico industrial a nivel mundial en que es eje el papel del Estado y no del mercado.
Ahora la potencia proteccionista va por 400 mil millones de dólares para subvencionar a sus empresas, controlar la inflación e impulsar la transición hacia las energías verdes centradas en el coche eléctrico, con lo que afecta al sector automotor europeo.
Durante el neoliberalismo, la territorialidad mexicana ha sido sometida a la desarticulación por la vía de leyes mineras de corte colonial. Gobiernos neoliberales de Salinas de Gortari a Peña Nieto, “otorgaron” 117.6 millones de hectáreas a grandes corporaciones nacionales y extranjeras, es decir, 59 por ciento de territorio nacional ha estado sujeto a la “explotación minera”, en algunos casos hasta por 100 años, con técnicas muy contaminantes, generando procesos de despojo sistemático de tierras y territorios, así como represión, especialmente contra comunidades indígenas (Alethya Jara).
La secretaria reconoció que la actual ley minera parece una coladera y se revisarán las concesiones, que no haya abuso en la interpretación de los permisos y autorizaciones, reiterando que el litio es de los mexicanos y que no se van a otorgar este tipo de concesiones, así como que en toda negociación con Estados Unidos el respeto a nuestra soberanía es lo que marcará el camino de los acuerdos en torno a la seguridad energética y alimentaria.
