Los esfuerzos del gobierno mexicano en los últimos tres años para esclarecer y hacer justicia en el caso Ayotzinapa, con la desaparición de 43 estudiantes normalistas y el asesinato de otros tres, arroja hasta el momento un resultado contrastante, de “avances” pero también “retrocesos”, según la evaluación que presentó ayer en Guerrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por un lado, en el sentido positivo de este balance de 120 cuartillas, que fue dado a conocer precisamente en la Normal Rural de Ayotzinapa, se pondera el hecho que el gobierno haya puesto en el centro de su actuación a las víctimas y a sus familias. También se valoró el redireccionamiento de la estrategia, hoy diferente a la que siguió el gobierno anterior. Se aprecia la adopción de un “modelo institucional” que se consolidó con instituciones especializadas –la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) y la Unidad Especial para la Investigación y Litigación (Ueilca), ambas consideradas “buenas prácticas” por el órgano interamericano.

En el análisis del saldo negativo, el llamado Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa –que fue el instrumento creado como puente cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue obligado a retirarse de México por presiones del gobierno peñanietista– se destaca “el ocultamiento de información y falta de cooperación con la investigación y judicialización del caso desde determinadas instituciones estatales”, ya que el modelo de recuperación de información diseñado con ese fin “encuentra interrupciones en su flujo cuando se trata de documentación que es custodiada por agentes de seguridad e inteligencia del Estado”.

Otro elemento en la cuenta de los retrocesos fue la forma en que “se afectó la independencia ministerial” a partir de la situación generada por la cancelación de 21 órdenes de captura que había solicitado la unidad especial, que provocó la renuncia de su titular y sus agentes ministeriales.

Se trata de 83 órdenes de aprehensión en contra de 20 mandos militares y personal de tropa de los 27 y 41 batallones de infantería en Iguala, solicitadas por el anterior titular de la Ueilca, Omar Gómez Trejo, además de cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, 26 policías de Huitzuco, seis policías de Iguala y un policía de Cocula, así como 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

Por petición de la propia Fiscalía General de la República (FGR) a los jueces, las órdenes fueron retiradas, pasando por encima del entonces investigador responsable. El GIEI denunció el mes pasado este hecho como una “intromisión inexplicable”. Significativamente, el grupo no estuvo presente en Guerrero en el evento de ayer.

“Se observan demoras injustificadas y obstáculos para el cumplimiento de las órdenes de aprehensión por la supuesta falta de sigilo de las autoridades encargadas de su cumplimiento. Asimismo, en los procesos penales relacionados con el caso existen cuestionamientos respecto de la reserva de identidad de testigos por parte de la defensa de las personas imputadas, situación que habría generado dilaciones en la tramitación de las causas.”

Erradicar ocultamiento

Respecto a la persistencia de prácticas de ocultamiento de información relevante a los investigadores, la CIDH recomendó al gobierno mexicano adoptar cambios y reformas en la estructura de sus órganos de Estado y órganos de seguridad e inteligencia, incluyendo a su más alta jerarquía, “orientados a erradicar las prácticas de ocultamiento y dosificación de información en la investigación y judicialización de casos de graves violaciones a los derechos humanos”.

También, establecer mecanismos para que la documentación que constituya evidencia en el caso Ayotzinapa pueda ser incorporada “de modo rápido y sencillo a las investigaciones y judicializaciones en curso”.

Al respecto, expresa su “preocupación” porque el gobierno “aún no ha logrado remover estructuras persistentes al interior del aparato estatal que buscaron encubrir los graves hechos ocurridos”.

En su análisis de los trabajos del gobierno mexicano de 2019 a 2022, la CIDH concluye que “sigue pendiente” encontrar el paradero de los estudiantes –después de ser atacados y trasladados por agentes del Estado y entregados al crimen organizado hace ocho años–, “el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las personas responsables”.

Añade que “la posible participación de agentes de seguridad del Estado en los hechos, tanto en la comisión y encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos, no es aislada, sino que es parte de un patrón estructural que requiere atención”.