Ciudad de México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional Electoral (INE) llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cada uno con recursos legales por su cuenta, los diferendos que han mantenido en las semanas recientes.

Por un lado, la CNDH presentó el 8 de noviembre una demanda de controversia constitucional en la que expuso que el INE incurrió en una “invasión de la esfera de competencia de este organismo nacional”.

En el escrito presentado ante el máximo tribunal, la Comisión Nacional explicó que el instituto electoral presentó un comunicado (el número 457) y diversos pronunciamientos públicos emitidos por integrantes y el presidente de su consejo general, Lorenzo Córdova, que fueron “en detrimento de la CNDH, ya que se le ha intentado silenciar, a partir de una interpretación de la ley, que desestima la facultad de este organismo protector de los derechos humanos, en materia de protección de los derechos político-electorales del pueblo de México”.

El choque

El diferendo inició el 30 de octubre pasado, cuando la CNDH publicó su recomendación general 46/2022, aprobada desde junio anterior, en la que apoya la transformación del INE, reivindicando el derecho del pueblo a la democracia como un derecho humano. En respuesta a ello, el INE difundió que los organismos de protección de los derechos humanos “no son competentes tratándose de asuntos electorales, por lo que la CNDH tiene prohibición constitucional expresa para intervenir en temas de índole electoral”.

El INE informó ayer que presentó una controversia constitucional y una queja ante SCJN; la primera, en rechazo a la recomendación de la CNDH, y la segunda, al considerar que la Cámara de Diputados no justificó debidamente el recorte presupuestal aplicado al INE este año.

El instituto sostuvo que la CNDH violó las garantías de la autonomía del árbitro electoral; a la vez, acusó a la presidenta de la comisión de atacarlo políticamente. El propósito de esta queja –añadió– es propiciar que la SCJN pueda reconducir el actuar de la CNDH para que ésta se apegue a su fin constitucional, respetando las atribuciones de órganos constitucionales autónomos.