La relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, guarda el recorte de un periódico del sexenio pasado con una declaración en la que Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), afirma: “La señora Arosemena no sabe nada del caso Ayotzinapa”.

Hoy el ex jefe policiaco está prófugo en Israel, con una orden de captura pendiente ya formalizada por el gobierno mexicano. Y la comisionada, que además coordina el seguimiento del organismo interamericano a la investigación de la noche de Iguala desde los primeros momentos de la intervención de la CIDH en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, argumenta: “Zerón fue un gestor de las fórmulas que se dieron para obstruir la investigación. Por tanto, su extradición a México es clave” para el esclarecimiento de los hechos.

Por ello, las recomendaciones emitidas ayer por la CIDH al Estado mexicano incluyen el seguimiento “a la puesta en disposición de la justicia del ex titular de la AIC”. Y aunque reconoce las dificultades que representa la inexistencia de un tratado de extradición entre Israel y México, la Comisión “urge al Estado de concentrar sus esfuerzos para evitar la dilación excesiva en la conducción de este procedimiento internacional y el cumplimiento oportuno de las órdenes de aprehensión.

“Y lo menciono a él –agrega Arosemena– porque dirigía la unidad” que se encargó del encubrimiento.

“Tenemos que asegurar que todos los responsables, Zerón y todos los funcionarios que utilizaron estos mecanismos de desconstruir, para engañar a las víctimas, madres y padres, sean juzgados. El análisis científico se exige para asegurar respuestas técnicas que nos permiten decir: ¿43 cuerpos quemados en el basurero de Cocula? Imposible. En esa construcción ya está probado que hubo un operativo para obstaculizar las investigaciones y precisar qué había pasado con esos jóvenes.”

El compromiso del GIEI

En entrevista con este diario, en víspera de la asamblea que se realizó ayer por la mañana en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Arosemena también se refiere a la reunión que tuvo anteriormente con el nuevo fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra, quien asumió el cargo sin experiencia en la investigación. “Le expresé la complejidad de este caso; que es conveniente tener a su alcance todos los recursos necesarios, que tiene que rodearse de personas que realmente puedan contribuir para que el manejo de la información tenga toda la utilidad indispensable”.

Explicó que la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (Ueilca), con su nuevo titular, tendrá hasta diciembre el apoyo técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Por ahora sólo dos de los cuatro especialistas que conformaron originalmente el grupo aún permanecen asignados al caso, Ángela Buitrago y Carlos Beristain.

El GIEI tomó el mes pasado la decisión de reducir su misión a dos integrantes, a raíz de que reveló la “intromisión indebida” de la Fiscalía General de la República. A lo anterior, la relatora explicó que “esa extensión de tiempo hasta diciembre es importante para esta fase final, porque termina de recabar, evaluar y verificar la información que faltaba por hacer. Ese es el compromiso que se asume”.

En una visita anterior, en marzo de 2019, la relatora de la CIDH –que fue jueza de la Suprema Corte en su país, Panamá– recomendó al gobierno mexicano establecer “una nueva narrativa como punto de partida” de la investigación, que dejara atrás la mal llamada verdad histórica, del ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam, hoy preso.

Necesario, sustentar las órdenes de aprehensión

Arosemena subrayó que esto “es un logro del GIEI. Hay que decir que no fue un trabajo simple, fue un trabajo de mucha coordinación, de muchas exigencias de parte del propio GIEI para tener acceso a la información, para hacer contacto con documentación que había sido muy difícil de obtener. Eso fortaleció las líneas de investigación necesarias”.

Como relatora para México, la comisionada coordina el trabajo de la CIDH en este caso desde el momento en el que los defensores de las familias de los muchachos desaparecidos solicitaron la medida cautelar 409/14, en 2014. Cuando el gobierno anterior decidió no permitir más el trabajo del GIEI en México –decisión que ameritó un comunicado de la CIDH lamentando el hecho– se estableció un Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa (Mesa), que también coordinó la jurista panameña.

Desde la reanudación del mandato del GIEI, Arosemena ha realizado cinco visitas oficiales al país (en las que se ha reunido con el Presidente y otros funcionarios del más alto nivel). El Mesa ha asistido a todas las 42 reuniones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).

Interrogada sobre la posibilidad real de que el proceso de investigación culmine con la judicialización de los señalados como responsables, respondió que es necesario “sustentar todas las órdenes de aprehensión que están en proceso” por parte del nuevo fiscal.

“Lo que planteamos como comisión al Estado mexicano es que cumpla con nuestras recomendaciones y las del GIEI. Hay que asegurar que las instituciones responsables de la investigación tengan todos los elementos, los recursos y las facilidades para asegurar que ese material probatorio tenga la suficiente fuerza para sostener una judicialización efectiva.”

En su informe, la CIDH recomienda fortalecer la independencia de los poderes. En México con frecuencia hasta el mismo Presidente lamenta la falta de independencia del Poder Judicial. A ello, la comisionada responde: “Yo he sido jueza, como juzgadora tú tienes que hacer valer frente a todos los poderes tu independencia, pero ¿quién investiga? No son los jueces. Quien investiga es el ministerio público, las fiscalías. La independencia tiene que estar también en las otras autoridades. Si un fiscal no hace bien las cosas, ¿qué pasó con las autoinculpaciones, las torturas? ¿Cuál es la consecuencia? Sencillamente el juez no puede ignorar eso. Se tiene que cuidar al juez, pero también al investigador”.