La red de corrupción que operaba en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) era un obstáculo para la transformación y la capacidad productiva del país. Luego de tres meses de trabajo de inteligencia, con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), se identificó el contubernio en el que participaban 36 funcionarios de directores de área para arriba, y con la digitalización de trámites “le dimos muerte al coyote”, afirmó Alejandro Svarch, titular del organismo.

En entrevista, explicó que con mecanismos de transparencia y claridad, “los coyotes, que viven donde hay oscuridad”, no tienen razón de existir para la realización de procedimientos técnicos y administrativos, ni para la obtención de información y registros sanitarios de medicamentos.

Esa “mafia” se encontraba incluso en la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (Ccayac), que tenía a su cargo la selección y vigilancia de los terceros autorizados. De hecho, dijo Svarch, “si había una forma fácil de hacerse millonario era teniendo un laboratorio tercero autorizado” que hacía predictámenes de las solicitudes de registros sanitarios.

A continuación, la plática del titular de Cofepris con La Jornada:

–¿Qué ha pasado desde su llegada a la Cofepris en febrero de 2021?

–Nos hemos ocupado en transformarla desde la raíz para exponenciar a esta gran institución.

–¿El principal problema reconocido desde el inicio de la administración era la corrupción?

–Así es. El enorme conflicto de intereses, la puerta giratoria entre el regulador y el regulado y la discrecionalidad en la resolución de los trámites, en los que, salvo contadas excepciones, no estaban involucrados los dictaminadores.

“Un elemento clave ha sido la digitalización de los trámites administrativos. Representan 30 por ciento de la carga de trabajo y lo que antes tardaba meses o años en resolverse, ahora se consigue en unos cuantos minutos con la Plataforma de Trámites Autogestivos, que empezó a funcionar el pasado 3 de noviembre.

“Se han atendido 15 mil solicitudes, el equivalente a lo que antes se hacía en más de un año. Ya no hay filas en el Centro Integral de Servicios y al no haber contacto entre personas, tampoco hay espacio para la corrupción.

“Entre otros, se pueden presentar avisos de funcionamientos, cambio de razón social y avisos de publicidad.”

Agilizar registros

–¿Qué pasa con los trámites de registros sanitarios nuevos o de renovación?

–La ventaja de la digitalización es que ahora los dictaminadores se dedican a estos otros que requieren análisis. Les quitamos la chamba administrativa a la que dedicaban 40 por ciento de su tiempo y contratamos a otros 80 para agilizar los procesos.

–¿Cuál es el nivel del rezago en estos trámites?

–Los de nuevos registros sanitarios son los más complejos y de alto impacto porque son genéricos que amplían el acceso para los pacientes. Antes se resolvían 20 trámites al mes. Con la optimización, el personal de nuevo ingreso y un sistema de monitoreo de la productividad, subimos a 60 registros.

“Con la campaña de Los 500 se resolverán 500 trámites entre agosto de 2022 y febrero de 2023 para abatir a la mitad el rezago que hoy es de mil 100 solicitudes de nuevos registros de medicamentos; 85 por ciento son genéricos.

“Los 500 fármacos son prioritarios, seleccionados por el Insabi e IMSS-Bienestar porque, actualmente, por falta de competencia tienen un costo elevado, no hay cadenas de suministro y atienden enfermedades graves. Otros son biológicos para tratamientos oncológicos. Se aplica un criterio político que beneficia a la salud pública.”

–¿Cómo es la relación con la industria farmacéutica?

–Una de las quejas era que Cofepris era una caja negra. Ya tenemos un mecanismo de interlocución a través de la Comisión de Fomento Sanitario, con reglas claras y transparentes. Hay sesiones de capacitación para que las empresas conozcan cómo deben presentar los expedientes. Con eso se le da muerte al coyote porque la brecha que se genera cuando el regulador está separado del regulado es cubierta por supuestos gestores. Pero si el trámite es autogestivo, la industria ya no los necesita.

“Así, el ecosistema regulatorio mejora, se digitaliza, es ágil y justo. Este será el legado de la transformación.”

–¿Cuáles trámites serán digitales?

–La plataforma que ya funciona es la de trámites autogestivos. Una más empezará a funcionar en febrero de 2023, de ensayos clínicos, lo que forma parte del compromiso adquirido por Cofepris con el Consejo Internacional de Armonización Regulatoria, al que ingresamos en 2021. Servirá, entre otros, para atraer inversión, pues ofrece certidumbre a los laboratorios interesados en realizar ensayos clínicos en México.

“La tercera plataforma, diseñada por especialistas de la Secretaría de Marina, empezó a funcionar el primero de noviembre pasado. Está en la Dirección de Estupefacientes y Precursores Químicos de la Comisión de Autorización Sanitaria. Es un asunto de seguridad nacional, pues se trata de sustancias activas para la fabricación de medicinas y otros productos. Con el trámite digital para la solicitud de libros de control, permisos de importación y exportación, entre otros, se agilizan los plazos, lo que para la industria es vital.”

–¿En qué consistió el operativo de la Secretaría de Marina el año pasado?

–La corrupción en Cofepris no era una caja chica. Era una caja grande y solos no habríamos podido. Eran mafias muy complejas. El personal de Marina identificó la red que existía adentro y afuera.

–¿Qué encontraron?

–Opacidad, contubernio con algunos de los regulados, eran los coyotes que existían porque la industria encontraba en Cofepris una caja de Pandora. La solución fue meter luz en la oscuridad. Participaban funcionarios de directores de área para arriba. Algunos estaban metidos en la corrupción y otros permitían la opacidad o sabiendo que las cosas se hacían mal, lo dejaban pasar. Eso no puede ser. La política es cero tolerancia a la corrupción. Se fueron 36 altos mandos. También se transformó la Ccayac, ahora Laboratorio Nacional de Referencia, que publica la convocatoria para contratar terceros autorizados que únicamente hacen labores de análisis, ya no predictámenes. La Comisión de Autorización Sanitaria hace la selección y la de Operación Sanitaria los vigila.