Keren Ordoñez Hernández ha pasado cerca de siete años presa en el Centro Femenil de Reinserción Social de Apizaco, Tlaxcala, acusada de un delito que no cometió. Su familia y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), denunciaron que la joven –madre de una niña–, fue detenida en Xalapa, Veracruz, afuera del domicilio de su entonces pareja, por presunto secuestro. Ella fue torturada y obligada a autoinculparse, condenada a 50 años de prisión, mientras que su ex pareja sólo pasó cuatro años preso.
Melissa Zamora Vieyra, abogada en el Centro Prodh, aseveró que este caso “es representativo de las realidades que viven muchas mujeres privadas de su libertad debido a un sistema de justicia desigual y discriminatorio”.
En conferencia, Neftalí Pérez, también de la mencionada organización, expuso que en la detención “sin orden ni motivo” de Keren, su ex pareja y otra persona más –el 11 de diciembre de 2015–, participaron elementos de la entonces policía federal y ministerial de Tlaxcala. A partir de ello, continuó, la joven –quien tenía entonces 19 años de edad– fue separada de su bebé, fue golpeada y, además, sufrió “actos de asfixia”.
Fue trasladada a la Fiscalía General de Veracruz, donde estuvo cuatro horas incomunicada e igualmente ahí “fue sometida a actos de tortura, a un interrogatorio sobre el secuestro con el que se le relacionaba y en todo momento fue amenazada con que le harían daño a su niña”.
Pérez indicó que Keren fue llevada a Tlaxcala, ya que supuestamente el secuestro se había cometido allá. “La gente del ministerio público dio vista al DIF del estado para que fuera a recoger a la bebé, sin darle aviso a la familia o a las autoridades correspondientes de Veracruz”. La niña permaneció 12 días sin que sus familiares supieran qué había pasado, ni dónde o en qué condiciones se encontraba.
Puntualizó que en 2021 se le concedió a la joven un amparo directo, su proceso fue repuesto y está abierto.“La retención ilegal a la que fue sometida se encuentra acreditada por un juez federal”, igual que la tortura, mediante el Protocolo de Estambul, precisó.
Ciria Hernández, madre de Keren, expresó que localizó a su nieta después de mucho trabajo. “La verdad ya la habían dado en adopción porque no contaba con ningún documento, porque mi hija tuvo complicación durante el embarazo, preclampsia… estaba súper mal, y en ese entonces no tuvimos oportunidad de sacarle una acta a mi bebé”.
Zamora Vieyra manifestó que si bien en el último año el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto de la Defensoría Pública Federal han llevado a cabo acciones para visibilizar lo que viven muchas mujeres que están en prisión, impulsando procesos de liberación, la gran mayoría de los casos son del fuero local, por lo cual los esfuerzos no llegan a beneficiarlas.