Buenos Aires., La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, respondió ayer al fiscal Diego Luciani, quien se negó a responder a los alegatos de la defensa en la causa por presunta corrupción en obras viales en la provincia de Santa Cruz durante su presidencia, en la que pidió una condena a 12 años de prisión para ella y la prohibición de por vida de su participación en política .
Al ingresar en su recta final el juicio que empezó en mayo de 2019 contra Fernández de Kirchner y otros 12 acusados, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola rechazaron los pedidos de nulidad de las defensas, aunque sin hacer uso de las réplicas que podrían alargar el proceso. “El alegato se sostiene por sí mismo. No tenemos nada que replicar ni que contestar”, señaló Luciani en su intervención.
Se fijó otra audiencia para este viernes, a pedido de uno de los defensores. Luego se establecerá un cronograma para que los acusados digan las palabras finales en el juicio.
A la postura de los fiscales, Fernández de Kirchner replicó con un mensaje en sus redes sociales en el cual remitió a las intervenciones previas de su abogado Carlos Berardi, en los que se expone “la refutación jurídica y fáctica de todas y cada una de las mentiras expuestas por los fiscales Luciani y Mola”.
La larga lectura de la resolución de esta causa fue transmitida por televisión donde se vio a un Luciani alterado. Al escucharse la decisión de la fiscalía surgieron de inmediato manifestaciones solidarias con la ex mandataria, varias de las cuales fueron reprimidas por policías de la municipalidad de Buenos Aires.
En paralelo a esta situación, la vicepresidenta demandó por vía de sus defensores la recusación de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, en un escrito de 37 páginas que concluye que la magistrada “no quiere ir más allá” en la causa que investiga el intento de asesinato que sufrió la ex mandataria, en la que es procesado Fernando Andrés Sabag.
En realidad esta causa lentísima se detuvo cuando las investigaciones llegaron al grupo de neonazis de Revolución Federal, que a su vez llevó hasta los empresarios y ex funcionarios de la familia Caputo, ligada íntimamente con el ex presidente Mauricio Macri.
En este punto la jueza comenzó a desechar pruebas, intentando apresurar el juicio oral.
“Así, es imposible seguir. Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a y que las decisiones las tome un juez imparcial, comprometido con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar”, sostuvieron los abogados de Fernández de Kirchner, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira.
El escrito presentado fue difundido en Twitter por la vicepresidenta para que se conozcan todas las irregularidades que marcan esta causa y que comenzaron cuando el celular de Sabag Montiel, que llegó al juzgado, resultó borrado quedando como vendría de fábrica. La jueza se amparó en que se intentó escucharlo y el policía que lo accionó tocó “algo” que lo borró. De ahí en adelante comenzaron a aparecer cada vez más irregularidades, lo que detalla la vicepresidenta en el escrito.