El gasto público en diferentes partidas destinadas a equipos de cómputo y tecnologías de la información resintió un recorte de 80 por ciento en la actual administración.
Después de diversos ataques contra las redes de dependencias, empresas productivas y organismos autónomos, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 contiene un incremento en los recursos destinados a este fin, pero regresan a un nivel por debajo del de hace cinco años.
Datos abiertos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que en 2022 cinco programas presupuestarios con los cuales se clasifica el gasto dirigido a tareas de mantenimiento, reparación, instalación y demás procesos de con los que operan las dependencias del Ejecutivo, los poderes Legislativo y Judicial, así como organismos autónomos, tuvieron en conjunto 2 mil 557 millones de pesos.
Esto es una quinta parte de los 12 mil 775 millones de pesos que se destinaron con las partidas 333, 214, 353, 515 y 294, durante 2018, año en que empezó la actual administración, con la promesa de reducir el gasto de operación del aparato burocrático.
En años recientes diversas entidades han sido blanco de algún ataque, como Petróleos Mexicanos, el Banco de México, el Servicio de Administración Tributaria, las secretarías de Economía, del Trabajo y Previsión Social, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, entre otras.
Hace poco la Secretaría de la Defensa Nacional sufrió una intervención de la cual se extrajeron 6 terabytes de información; además, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes fue afectada en sus sistemas, lo que llevó a seguir un protocolo de emergencia para apagar los equipos y suspender los términos y plazos en la dependencia al menos lo que resta de este año.
Para 2023 se etiquetaron 12 mil 606 millones de pesos a las partidas vinculadas con equipos y tecnologías de la información, con lo que el gasto aumentará 369.4 por ciento respecto a lo programado, pero aún quedará, todo en términos reales, 6 por ciento por debajo de 2018.
La empresa de ciberseguridad IQSEC explica que independientemente del monto invertido no hay garantías al 100 por ciento para blindarse contra este tipo de contingencias. “Por eso recomendamos que las organizaciones, tanto públicas como privadas, tengan la capacidad de recuperarse y continuar sus operaciones durante y después de un ciberataque.
“Actualmente no hay tamaño de inversión y esquemas de protección que garanticen que las organizaciones, sin importar el rubro y/o el tamaño, se vean exentos de un ciberataque, porque los entornos digitales han ampliado las superficies de maniobra”, explicó a La Jornada.
