Brasil se prepara para iniciar una administración que Lula define como gobierno de reconstrucción. Parte de la idea de que el país fue destruido por la gestión de Jair Bolsonaro.

En primer lugar, al adoptar el neoliberalismo, puso en práctica una política de búsqueda del Estado mínimo, es decir, de centralidad del mercado. El objetivo del Estado mínimo se persiguió con la privatización de empresas públicas, con la reducción de servidores públicos, con el debilitamiento de las políticas sociales –educación, salud, asistencia social y otras–.

La centralidad del mercado se tradujo en la política de desregulación de la economía, permitiendo a las grandes empresas realizar sus intereses sin intervenciones estatales que pudieran poner límites a sus acciones.

El país que recibirá Lula, como él siempre ha dicho, será mucho peor que el que recibió en 2003. En aquel momento, el Brasil de una década neoliberal, de los gobiernos de Fernando Collor y Fernando Henrique Cardoso. Además de la privatización y la desregulación, el legado fue una recesión económica y un alto nivel de desempleo.

Lula ha centrado su programa de gobierno en dos puntos fundamentales: el rescate de la democracia y la reanudación del modelo de desarrollo económico con centralidad de las políticas sociales, con ampliación del mercado interno y generación de empleo. Es decir, una política antineoliberal.

El rescate de la democracia es fundamental, es una condición para superar el régimen bolsonarista. Rescatar el sistema político roto en 2016, que arrojó a Brasil a la peor crisis de su historia desde la dictadura militar.

La política económica de Lula se basa en la presentación inicial de una reforma tributaria al Congreso, con impuestos sobre el uno por ciento más rico. Permitir al Estado impulsar las inversiones productivas, con generación de empleo y distribución del ingreso, elevando los salarios por encima de la inflación y las políticas sociales.

Mientras, Lula ya está siendo tratado como el nuevo presidente. Fue invitado a la COP27, a la que asistirá, en noviembre, antes de asumir el cargo, con la posible futura ministra del Medio Ambiente, Marina Silva. Bolsonaro nunca participó de estas reuniones, pero protestó porque Lula estaría usurpando su posición. Y anunció que enviará una representación a la reunión, como si pudiera competir con la presencia de Lula.

El presidente electo ya tiene reuniones con Joe Biden, con ­Emmanuel Macron, entre otros representantes. En Brasil, Lula organiza su gobierno, que tendrá un núcleo central de miembros del PT, especialmente en economía, educación, cultura, asistencia social y relaciones exteriores, entre otras áreas.

El amplio frente en el que Lula se apoyó para ganar las elecciones requiere la participación de otros partidos en los 33 ministerios que ahora tendrá el gobierno. La composición del gobierno será entonces mucho más amplia que en sus gobiernos anteriores, sin incidir en los ejes fundamentales de su programa.

Lula se instaló en Brasil, en el Centro Cultural do Banco do Brasil, especialmente adaptado para que sistematizara las actividades organizativas de su gobierno, así como para reunirse con los presidentes de la Cámara y del Senado, así como con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral.

Aprovechando el silencio de Bolsonaro, Lula inició la transición al nuevo gobierno el mismo domingo de su elección. Desde ese día, Lula está en el centro de la vida política del país.

Los intentos de ocupar las carreteras fracasaron, duraron sólo tres días y no desencadenaron ningún otro tipo de protesta. El bloque de partidos que apoyaban a Bolsonaro se está desmoronando, varios de ellos ya se unen a los partidos que apoyan a Lula, mientras otros, minoritarios, mantienen la posición de extrema derecha.

La expectativa es que Lula inicie su gobierno el 1º de enero, ya con alrededor de 70 por ciento de apoyo, ya que está generando perspectivas muy favorables entre la masa de la población.