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Política

2022-11-14 15:30

Denuncia Centro Prodh detención ilegal de una mujer en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz. Foto tomada de https://www.facebook.com/fgeveracruz / Archivo

Ciudad de México. Keren Ordoñez Hernández ha pasado cerca de 7 años en prisión en Tlaxcala, acusada de un delito que no cometió. Su familia, en compañía del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), denunciaron que la joven, madre de una niña, fue detenida en Xalapa,Veracruz, a las afueras del domicilio de su entonces pareja, quien también fue detenido por presunto secuestro. Ella fue torturada y obligada a firmar hojas en blanco para autoinculparse.

Mientras a su ex pareja le dieron una condena de cuatro años de prisión, a Keren la condenaron a 50 años. Melissa Zamora, del Centro Prodh, aseveró que este caso “es representativo de las realidades que viven muchas mujeres privadas de su libertad y de un sistema de justicia desigual y discriminatorio”.

En conferencia de prensa, Neftalí Pérez, también del Centro Prodh, expuso que Keren, originaria de Xalapa, fue detenida el 11 de diciembre de 2015, aproximadamente a las 8:30 de la noche, mientras se encontraba afuera del domicilio de su ex pareja, quien la había citado ahí para darle dinero para la manutención de su hija, de un mes de nacida.

En ese momento, narró, “llegaron elementos de la entonces policía federal y ministerial de Tlaxcala, quienes sin orden ni motivo la detuvieron con su hija, así como a la ex pareja y otra persona”. A partir de ello, continuó, la joven -quien tenía 19 años de edad- fue separada de la bebé, fue golpeada y sufrió “actos de asfixia”.

Más tarde, fue trasladada a la Fiscalía General de Veracruz, donde estuvo cuatro horas incomunicada, ni se le dio aviso a ninguna autoridad del estado, como podría haber sido el DIF estatal. La mujer, igualmente “fue sometida a actos de tortura, a un interrogatorio sobre el secuestro con el que se le relacionaba y en todo momento fue amenazada con que le harían daño a su bebé”.

Finalmente Keren fue trasladada a Tlaxcala, ya que supuestamente el secuestro se había cometido allá. “La gente del ministerio público dio vista al DIF del estado para que fuera a recoger a la bebé, sin darle aviso a la familia o a las autoridades correspondientes de Veracruz”. La niña permaneció 12 días sin que su familia supiera qué había pasado con ella.

Keren ha pasado cerca de siete años en el Centro Femenil de Reinserción Social, en Apizaco, Tlaxcala. Pérez puntualizó que en 2021 se le concedió un amparo directo y su proceso fue repuesto y se encuentra abierto.

“La retención ilegal a la que fue sometida se encuentra acreditada por un juez federal y la tortura por un dictamen médico sicológico con base en el Protocolo de Estambul”, precisó.

Ciria Hernández, madre de Keren, señaló que localizó a su nieta después de mucho trabajo. “La verdad ya la habían dado en adopción porque no contaba con ningún documento porque mi hija tuvo preclampsia… estaba súper mal, entonces no tuvimos esa oportunidad de sacarle una acta a mi bebé”.

Además, dijo, “cuando me la regresaron me la dieron enferma porque tenía sarna”.

Exigió justicia para Keren, “porque ha sufrido bastante ahí, nosotros como padres no tenemos dinero para irla a visitar, tiene varios meses que no la vemos. Sólo le conceden hablarnos por teléfono y es como sabemos de ella”.

Zamora manifestó que el caso de Keren no ha sido analizado con perspectiva de género, “por una parte omitiendo advertir estas situaciones de vulnerabilidad (económica), pero por otro lado, haciendo uso de esta identidad como una mujer joven, madre, para encasillarla en un rol de cuidado de las personas víctimas del secuestro, señalada de delitos que no cometió”.

Reconoció que si bien durante el último año el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Instituto de la Defensoría Pública Federal han llevado a cabo esfuerzos para visibilizar lo que viven muchas mujeres que están en prisión, impulsando procesos de liberación, el caso de Keren es en fuero local.

“En realidad la gran mayoría de las mujeres privadas de su libertad, que han sobrevivido este tipo de violaciones a derechos humanos, están siendo procesadas en nivel local en los distintos tribunales superiores de justicia de lo estados, y este tipo de esfuerzos no llegan a beneficiarles”, enfatizó.

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