El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha presentado denuncias contra 2 mil 899 sujetos –entre servidores públicos y personas que se presume actúan por cuenta propia y están vinculadas con empresas– por la presunción en haber incurrido en diversos delitos, entre los que destacan el contrabando y el acceso ilícito a equipos y sistemas de la dependencia.

Menos de una quinta parte de los denunciados han sido vinculadas a proceso, se ha llegado a sentencia o incluso han hecho un acuerdo reparatorio con la autoridad por medio del cual evitan una sanción penal a cambio de pagar sus adeudos fiscales pendientes; el resto sigue pendiente de resolución, indica el Informe tributario y de gestión del SAT.

En el documento, el organismo detalla que de 2020 a septiembre de este año denunció a 629 personas por contrabando, ilícito por el que se presume participan desde funcionarios públicos hasta personas directamente vinculadas con empresas.

En lo que va de 2022 se han presentado 27 expedientes ante la Administración General Jurídica para su análisis y, en su caso, tramite como asunto penal por un presunto perjuicio al fisco de 541 millones de pesos en las operaciones de comercio exterior. A detalle, nueve de esos oficios son por contrabando, 14 por presunción de ese delito, uno por contrabando equiparado y tres por desocupación o desaparición del domicilio fiscal.

Otro delito destacado por el organismo es el acceso ilícito a sus sistemas, por el cual ha denunciado a 106 personas, un centenar de ellas funcionarios públicos. Sobre el tema se llegó a manifestar la ex titular del SAT, Raquel Buenrostro, al afirmar que había cables que salían de los servidores de la entidad gubernamental hacia al menos 35 mil puertos que no eran de otra dependencia u organismo público.

Por otros delitos, entre los que se incluyen robo, los vinculados con el mal uso del registro federal de contribuyentes, la impresión ilegal de comprobantes, entre otros, se ha denunciado a 2 mil 164 personas, sobre todo a sujetos directamente vinculados con empresas.

Sin embargo, de todos los denunciados sólo 544 han sido vinculados a proceso y se han emitido 20 resoluciones. En estas últimas se incluyen los acuerdos reparatorios por los cuales la hacienda federal se desiste de seguir la acusación penal a cambio de que se pague el daño al fisco.