Sin el reflector de los grandes proyectos de infraestructura realizados por esta administración, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) debe aclarar el destino de 638.9 millones de pesos, entre proyectos carreteros y ferroviarios, equivalente a 13.6 por ciento del gasto que le fue revisado como parte de la segunda entrega de la fiscalización a la cuenta pública 2021.
De acuerdo con 11 revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sólo en una la SICT pudo comprobar cada peso gastado, pues en el resto hay faltantes. Las mayores inconsistencias se registran en la ampliación del Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara, seguidas por las del Interurbano México-Toluca, el mismo que lleva ocho años de construcción.
El órgano destaca que hay “pagos en exceso” por obras inconclusas, por la supervisión de proyectos que no han empezado o que ya concluyeron, materiales de menor calidad a los acordados con contratistas, así como cálculos abusivos en los requerimientos financieros de las obras.
También hay deficiencias en la reglamentación y ejecución de los proyectos, que no tienen que ver con aspectos financieros: tramos carreteros que se iniciaron sin manifestación de impacto ambiental, que dejaron de lado las obras de mitigación impuestas o que se empezaron sin contar con el derecho de vía correspondiente, lo que dio paso a cancelaciones anticipadas de contratos.
Los informes de la ASF exhiben que la ampliación del Tren Eléctrico de Guadalajara tiene el mayor monto por aclarar. Tuvo mil 209 millones de pesos de recursos federales el año pasado, de los cuales se revisaron mil 138 millones.
En el informe se exhibe que faltan por aclarar 419 millones de pesos, más de una tercera parte de los entregados por la federación. En ellos, 4 millones se fueron a un contrato de supervisión de trabajos, pese a que ya se habían concluido, otros 3 millones se quedaron en pagar servicios para verificar la atención de deficiencias de obra sin que se acreditara su realización.
El resto de los faltantes en esa obra se deben a inconsistencias en los cálculos financieros y el incremento de ciertas partidas, cuyo encarecimiento no se ha justificado.
La segunda obra con mayores recursos por justificar es el Tren Interurbano México-Toluca, para la cual se hicieron cuatro auditorías: una sobre el túnel del portal poniente al oriente, otra del tramo Zinacantepec, una tercera relativa a la construcción de la estación Vasco de Quiroga y otra más que revisará lo dispuesto para el suministro y puesta en marcha de material rodante, sistemas ferroviarios, de comunicaciones, electromecánicos, vías, boletaje, edificios técnicos y centro de control, entre otros.
Los recursos pendientes de aclarar suman 194 millones de pesos de una obra cuyo costo se ha triplicado desde 2014.
