México cuenta con “un arsenal” de recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y del sistema interamericano de derechos humanos para atender la crisis de personas desaparecidas, pero falta que realmente las ponga en práctica para lograr hacer frente a esta situación, aseveró la vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, Gabriella Citroni.

El país “ha avanzado en lo que podríamos llamar andamiaje institucional, se han instituido nuevos mecanismos, hay una Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); pero no basta, hay que darle seguimiento y ver en el día a día cómo se implementa, dónde se traba y encuentra obstáculos”, sostuvo en entrevista con este medio, luego de reunirse con colectivos de familiares.

En una corta visita no oficial al país, de dos días y medio, también sostuvo reuniones con autoridades, como el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y la titular de la CNB, Karla Quintana.

Citroni expuso que en el panorama “complejo” sobre las desapariciones en el país, que suman más de 107 mil, al Grupo de Trabajo le preocupan de manera particular la ausencia de medidas preventivas eficaces y la inseguridad que viven quienes buscan, sobre todo las madres de víctimas, así como la impunidad y la aplicación de la ley.

También manifestó preocupación por las reformas legislativas “que van en un sentido bastante contrario a lo que unánimemente desde el sistema interamericano de tutela de derechos humanos y el de Naciones Unidas se le ha venido recomendando a México respecto a quién le toca encargarse de la seguridad pública”, luego de que se extendiera la participación del Ejército en tareas de este tipo.

Con su visita, mencionó, “queremos reafirmar con las familias el hecho de que estamos monitoreando muy de cerca la situación (de desapariciones) y que sepan que siguen contando con nosotros”. Al Estado, dijo, podemos “proporcionar o brindar asistencia técnica”.

Indiferencia social

Indicó que en una crisis de este tipo, “todos podemos aportar. Llama poderosamente la atención que en un país que tiene estas cifras, no sea un tema abrazado por toda la sociedad”, y consideró que hasta que ello no suceda, seguirá siendo mucho más cómodo para las autoridades no cumplir con las recomendaciones o poner en práctica las leyes.

En su encuentro con familiares de desaparecidos, el jueves pasado, escuchó sus preocupaciones. Irma Orgen, de Uniendo Cristales, denunció que los esfuerzos del Estado “han sido insuficientes”, como muestra, “de las 24 recomendaciones emitidas en 2012 (por el Grupo de Trabajo), tres han sido implementadas completamente, siete parcialmente, cinco mínimamente y nueve no han sido atendidas”.