De 2014 a la fecha, el Catálogo de Sujetos Sancionados (CASS) de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acumula mil 148 registros.
En el CASS están inscritas distintas personas e instancias públicas y privadas, desde el Presidente de la República hasta gobernadores, legisladores, alcaldes y todos los partidos políticos, entre otros, así como particulares y concesionarios de radio y de televisión, por mencionar los más relevantes. Un expediente puede contener una instancia o persona sancionada o varias.
Si bien los magistrados aseguran que se trata de un compendio estadístico, sus pares de la sala superior también han advertido sobre los riesgos de la reincidencia en materia de infracciones electorales y plantean los alcances de las sanciones y si, por ejemplo, éstas deberían redundar en la pérdida del “modo honesto de vivir”, causal para no ser elegible, como ocurre con los violentadores de mujeres.
Este año, aspirantes presidenciales han sido incluidos en este catálogo, algunos varias veces, como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con una decena de inscripciones. La más reciente fue en la semana que concluye por “difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y vulneración al principio de imparcialidad”, por la divulgación de ciertos mensajes en redes sociales en periodo prohibido para ello.
Este CASS fue prácticamente inaugurado en marzo de 2014 con una multa de 7 millones de pesos al Partido Verde por el episodio de propaganda ilegal en salas de cine.
Diferencias
No se debe confundir el CASS con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, a cargo del Instituto Nacional Electoral, actualmente con 276 registros. En éste, la mayoría de los infractores son varones, y una buena parte originarios de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco.
En esta lista es frecuente hallar autoridades locales y la sanción se coloca con cierta vigencia. Como se dijo, pueden perder el “modo honesto de vivir” y se les exigen medidas de reparación.
