Madrid. El líder del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo que es necesario que se presente un decreto supremo firmado luego de que el presidente de Bolivia, Luis Arce, determinó que el censo de población y vivienda se realizará en marzo de 2024, informó el diario Página Siete.
“Hemos tenido una reunión para evaluar las palabras, el compromiso que ha hecho el presidente, el cual creemos ha sido muy superficial para las necesidades del pueblo boliviano. No ha clarificado nada (...) Ha hablado de una fecha, pero lo más importante, que siempre hemos definido nosotros, son los resultados y los resultados son compromisos parciales”, manifestó ante la prensa.
El líder cívico dijo no querer volver a ser “engañado” por el gobierno y recordó que en el pasado ya se hicieron decretos supremos que modificaron anteriores. Al respecto, aseguró que están en consultas con abogados y especialistas constitucionales para tratar el tema.
Al preguntarle sobre la posibilidad de levantar el paro indefinido, que este sábado cumple 22 días en Santa Cruz, subrayó: “Estamos en paro”. Sin embargo, indicó que será la población cruceña la que decida qué acciones se tomarán a continuación en el cabildo de este domingo.
En tanto, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz denunciaron las agresiones sufridas antier contra comunicadores durante el paro “cívico” impulsado por la oposición en la región opositora de Santa Cruz y señalaron por la misma a grupos afines al partido oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
Estas “agresiones” se cometieron en concreto contra el comunicador Yerko Guevara, “salvajemente golpeado luego de ser lanzado al piso. Otros periodistas fueron empujados, zarandeados, insultados y golpeados”, denunciaron las organizaciones.
Alertaron de la “complacencia” de la policía que, “en lugar de intervenir para resguardar el trabajo de la prensa y la integridad de la ciudadanía, protege a los agresores”.
“Todos los casos de violencia contra periodistas cometida por parte de grupos de choque del MAS o de efectivos policiales han quedado en la impunidad, lo que demuestra la falta de voluntad del Ministerio Público y autoridades de gobierno”, agregaron.
La viceministra de Comunicación del Gobierno boliviano, Gabriela Alcón, prometió ayer que se exigirá que las agresiones sean investigadas y que se castigue a los responsables, informó el diario El Deber.
