La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, informó anoche que el 23 de marzo de 2024 se realizará el censo de población y vivienda, un mes antes de lo inicialmente previsto por el gobierno, después de una jornada de choques callejeros en la región de Santa Cruz, que lleva tres semanas en paro indefinido para reclamar que el gobierno realice el registro poblacional en 2023, lo que le daría más presupuesto y escaños en la Asamblea Legislativa.

En su mensaje, Arce llamó a la paz, condenó la violencia en Santa Cruz y pidió deponer posturas violentas. Explicó que, después de escuchar a los técnicos, la distribución de recursos se realizará en septiembre de 2024, “un mes antes de lo que habíamos inicialmente propuesto.

“Ya no podemos seguir demorándonos, sobre todo cuando dirigentes que representan a una parte de Santa Cruz, no a toda, mantienen la posición de no alcanzar acuerdos. En democracia conviven diferentes posiciones, pero también democracia es toma de decisiones en beneficio de las mayorías”, señaló.

Horas antes, la ciudad de Santa Cruz vivió una jornada de violencia, con choques callejeros entre oficialistas y opositores y las oficinas de un sindicato campesino quemadas y saqueadas, según imágenes televisivas.

El ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que “se aprehendió a 15 personas y que hay decenas de heridos y daños económicos de consideración, y denunció que había el objetivo de quitarles la vida a quienes estaban en la sede campesina que fue quemada”.

Santa Cruz, controlada por la oposición de derecha, cumplió ayer 21 días de protestas con cortes de calles, avenidas y caminos interdepartamentales para exigir al gobierno anticipar un año un censo de población planeado para 2024, que actualice su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe, en función de una cantidad de habitantes que considera superior a la que maneja la última estadística oficial.

Durante la mañana, vendedores al menudeo y choferes del servicio público marcharon por una avenida de la ciudad para exigir suspender los bloqueos de vías terrestres, chocando con manifestantes contrarios al presidente, Luis Arce, con piedras, palos y petardos.

Grupos ligados al comité cívico de Santa Cruz, un conglomerado opositor al gobierno de carácter civil-empresarial, e hicieron retroceder a los manifestantes oficialistas.

La policía antimotines intervino lanzando gases lacrimógenos para dispersar las manifestaciones. Los opositores quemaron llantas que utilizaron como barricadas y afirmaron haber sido reprimidos por los uniformados.

Horas después, jóvenes opositores al gobierno atacaron enfurecidos las oficinas de la Federación de Campesinos de Santa Cruz, afín al oficialismo, las que quemaron y saquearon hasta la llegada de la policía y bomberos, según imágenes del canal privado de televisión Unitel.

La Central Obrera Boliviana (COB) y diferentes sectores sociales del MAS exigieron al presidente Arce mano dura y estado de excepción en Santa Cruz para frenar los hechos de violencia, informó el diario Página Siete. La COB expresó su rechazo a la toma de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz y la quema de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz. Exigió la conformación de una comisión de fiscales para la investigación de esos hechos y pidió actuar a la justicia.