Las organizaciones Ni Un repartidor menos y Nosotrxs entregaron a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) una propuesta para reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de garantizar el acceso a la seguridad social y condiciones dignas de trabajo a las personas que se emplean a través de aplicaciones digitales en México.

La iniciativa plantea la adición de un capítulo XI Bis al título sexto de la legislación laboral en el que se puntualizan los derechos laborales de las personas prestadoras de servicios de plataformas digitales.

Saúl Gómez, fundador del movimiento, enfatizó que el punto de partida es hacer obligatorio el conjunto de cinco seguros que prevé la Ley de Seguridad Social (enfermedad y maternidad; riesgos de trabajo; invalidez y vida; retiro, cesantía de edad avanzada y vejez y guardería y prestaciones sociales), a fin de “establecer los cimientos” de derechos fundamentales para oficios o profesiones que a futuro se realicen mediante el uso de plataformas digitales y –recalcó– “no queden desprotegidos”.

La propuesta que presentaron “es mucho más aterrizada”, tiene como base la seguridad social, que sea extendida a las familias para que las repartidoras que tienen hijos cuenten con la posibilidad de acceder a estancias infantiles, explicó Jessica Corral, coordinadora de vinculación de Nosotrxs.

Se plantea flexibilidad laboral, pero no bajo el esquema de que “tú eres tu propio jefe”, así como condiciones dignas de trabajo debido a que los repartidores digitales enfrentan discriminación, e incluso situaciones de violencia, por parte de personal de los establecimientos.

La iniciativa propone en su artículo 310-E obligaciones en materia de seguridad y transparencia en el manejo de los datos personales de los repartidores digitales.

Saúl Gómez, también repartidor por aplicación, señaló que de manera independiente a la propuesta, el colectivo ha logrado avances en negociaciones directas con las aplicaciones como Uber, Didi y Rappi, tales como protocolos de atención para las mujeres repartidoras cuando estén en alguna situación de peligro, así como pólizas de seguro que protejan a las personas que desempeñan esta labor, incluso hasta 24 horas después de su última entrega.

La reforma se trata de una propuesta legislativa que puntualiza una serie de artículos que se modificarían o agregarían, a diferencia del documento denominado Manifiesto que enlista un piso mínimo de derechos, que entregaron otros colectivos en agosto pasado en la STPS y expuesto ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.