Buenos Aires. Después de más de dos meses del atentado del 1 de septiembre pasado y cuya lentitud es evidente, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, anunció este jueves que dio instrucciones a sus abogados para recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación sobre el intento de asesinato.

La magistrada no investigó las pruebas presentadas por la querella, así como los vínculos políticos de los tres acusados y especialmente en el caso del diputado de la opositora Juntos por el Cambio (JpC) Gerardo Milman, ex secretario de Seguridad durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri.

La también ex mandataria consideró el hecho de que no se indagó la denuncia de un testigo clave contra Milman, quien aparece en un video publicado por Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter, donde se advierte que el diputado sabía del intento de asesinato. No sólo el testigo que denunció con datos precisos y que era vecino de mesa en el restaurante Casablanca, donde estaba Milman con dos jóvenes mujeres, cuando escuchó que éste les decía a sus acompañantes “cuando la maten yo estoy camino a la costa".

Preguntadas las dos acompañantes por la jueza negaron haber estado en ese lugar, pero ante la exhibición de los videos de las cámaras de seguridad, que las ubican junto con el ex secretario de Seguridad, tuvieron que admitir que estaban con él preparando un viaje a la costa Atlántica, adonde fue dos días antes del intento de asesinato.

De hecho la jueza dejó pasar las mentiras de ambas jóvenes, que resultaron haber sido funcionarias de Milman cuando era secretario de Seguridad, siendo ministra la polémica presidenta de Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich.

Además, se recuerda que Milman redactó el 18 de agosto, 13 días antes del atentado, un proyecto de declaración que advertía sobre una posibilidad de que un "iluminado" atentara contra la vicepresidenta, supuestamente para “victimizarse, acompañado por otro diputado de JpC, Francisco Sánchez, quien sólo días antes había pedido públicamente “la pena de muerte para Fernández de Kirchner”. Al final del proyecto se escribió que "sin Cristina, hay peronismo. Sin peronismo, sigue habiendo Argentina".

Hubo sorpresa entre los diputados y en la prensa por este proyecto, lo que volvió a tener importancia cuando Fernando Sabag Montiel , apareció apuntando a escasos centímetros de la cabeza de la vicepresidenta, que en esos momentos se inclinó para recoger un libro aunque de nohaberse trababado el arma al gatillar, la hubiera alcanzado el balazo.

En el video presentado este jueves en sus redes, Fernández de Kirchner advierte que "Capuchetti paralizó y boicoteó la investigación". También que "cuando aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque, la jueza paralizó y boicoteó la investigación".

Capuchetti no aceptó tomar la causa que investiga los vínculos de la organización de ultraderecha Revolución Federal con el intento de magnicidio y el financiamiento a esa agrupación de parte de Caputo Hermanos, empresa de la familia de Luis Toto Caputo, ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri, que le intentó pasar el juez Marcelo Martínez de Georgi "Es evidente que el partido judicial no quiere a Cristina como víctima, la quiere presa o muerta", sostiene el video que compartió la vicepresidenta.

“Lo mínimo que pedíamos era el secuestro de los teléfonos de las acompañantes de Milman para conocer si había alguna vinculación con el hecho" dijo el abogado Ubeira, quien consideró que lejos de querer esclarecer lo que sucedió, se esta haciendo todo lo contrario. Todo se detuvo a partir de que se conoce el financiamiento de figuras del PRO muy ligados a Macri.

Hoy se ordenó el allanamiento de 11 oficinas de la familia Caputo. El fiscal Gerardo Pollicitaquiere avanzar en este punto del financiamiento a Revolución Federal por Caputo Hermanos, y pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi los once allanamientos.

Los abogados de Fernández de Kirchner Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira. advirtieron que lo más peligroso en este caso es que se haya atentado contra la vicepresidenta de la Nación y se haya puesto en peligro la democracia;destacando que las personas imputadas, están íntimamente relacionados con ese atentado por más que, por diversos intereses, esto se oculta:

Por otra parte, en estos momentos un grupo de abogados iniciará juicio político a la Corte Suprema, cuyos fallos son políticos están directamente ligados a las necesidades de Juntos por el cambio y especialmente del PRO. Esto ha llevado a sacar a un magistraso del Consejo de la Magitsratura que representa al Frente de todos, para colocar a al bogado cordobés Luis Juez, en su lugar, el mismo que Macri había nombrado como embajador en Ecuador y cuya conducta fue objetada por el gobierno ecuatoriano.