Oaxaca, Oax., La ciudad de Oaxaca, catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, enfrenta un grave problema de acumulación de basura en sus calles a causa del cierre del relleno sanitario de la Villa de Zaachila.

El problema se inició en julio pasado, cuando vecinos de la agencia municipal Vicente Guerrero acordaron la suspensión de actividades en el vertedero, que operó durante 40 años, con el argumento de que su vida útil había concluido y generaba contaminación en perjuicio de los ciudadanos.

Luego de un diálogo entre autoridades y habitantes de la zona se pactó una prórroga de tres meses para el cierre definitivo del depósito de basura y se fijó como plazo el 8 de octubre.

Al llegar esa fecha no se permitió el acceso a ningún camión, por lo que el servicio fue suspendido. El anuncio lo hizo el alcalde de la capital del estado, el morenista Francisco Martínez Neri.

En tanto, los recolectores de basura privados adheridos a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México han seguido laborando y en julio comenzaron a arrojar los desechos en la ribera del río Atoyac, a espaldas de la central de abasto, sin que ninguna autoridad haga algo para evitarlo.

Martínez Neri anunció a los ciudadanos que la separación de la basura sería obligatoria y que los vehículos recolectores sólo se llevarían los residuos orgánicos en tanto se contaba con un lugar para instalar el nuevo relleno sanitario.

Aseguró que el problema estaría resuelto para el 20 de octubre, con una inversión de 10 millones de pesos para la adquisición de un predio; pero se requieren hasta 200 millones más para adecuar el lugar y la compra de maquinaria, incluida una compactadora.

Conforme los días transcurrieron hubo zonas en que las unidades recolectoras no pasaban; prestaron el servicio principalmente en el centro histórico así como en San Felipe del Agua (donde viven funcionarios) y la colonia Reforma, que es un área comercial.

Sin visos de solución, habitantes de distintas colonias y agencias, así como comerciantes de la central de abasto comenzaron a sacar desechos a las calles; pasó el 20 de octubre, día fijado por Martínez Neri para resolver la contingencia, y ésta continuó.

Las autoridades municipales intentaron mitigar el problema con un programa emergente con el cual, dependiendo el día, se recogían residuos orgánicos o inorgánicos.

Sin embargo, surgieron protestas de colonos porque el servicio no abarcaba todos los sectores con la misma frecuencia que el centro histórico y otras áreas.

En algunas colonias los vecinos realizaron bloqueos con montículos de desechos, ya que sólo de esta forma el ayuntamiento enviaba cuadrillas de trabajadores para llevárselos.

El primero de noviembre, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el edil Francisco Martínez anunciaron la compra de un predio que cuenta con todo lo necesario y cumple con la norma oficial mexicana 083-Semarnat-2003, además de que tendrá una vida útil de 20 años.

La secretaria de Medio Ambiente y Energía estatal, Helena Iturribarría explicó que el lugar elegido está en “una zona estratégica”, pero omitió informar dónde se ubica. Mientras, continúa la inconformidad por la falta del servicio.

El problema se intensificó en los días recientes, pues los “basureros” alternos de la administración municipal en el bosque El Tequio y en el predio donde se construye un cuartel de la policía superaron su capacidad, denunciaron los trabajadores del sindicato independiente 3 de Marzo.

Ante la falta de propuestas, los empleados iniciaron manifestaciones, que incluyeron un paro de labores y arrojar desechos en el zócalo de la ciudad, en la Plaza de la Danza y en los accesos al ayuntamiento.

Tres días después, la dirigencia sindical firmó una minuta de trabajo con el alcalde, pero los acuerdos no fueron difundidos; mientras esto ocurría, ciudadanos y empresarios del primer cuadro de la ciudad recogían por su cuenta la basura acumulada y lavaban las zonas afectadas; minutos más tarde los sindicalizados reanudaron actividades.

Un conflicto que se generó con esta situación fue que a los trabajadores de limpia se les ordenó llevar los residuos a la agencia de San Sebastián Etla, localizada en el municipio de San Pablo Etla; no obstante, los pobladores de dicha demarcación lo impidieron.

Dieron a conocer que el gobierno de la capital del estado acordó con un particular llevar la basura orgánica a un predio de su propiedad, pero no se informó a ninguna autoridad del lugar, por lo que se impuso una multa de 5 millones de pesos al ayuntamiento capitalino y de 500 mil pesos para el dueño del terreno.