La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso multas por más de 2 mil 400 millones de pesos a distribuidores de gas LP por manipular precios y repartirse el mercado en perjuicio de los consumidores mexicanos.
El órgano antimonopolios detalló que con sus acciones anticompetitivas, entre 2007 y 2019, los agentes económicos sancionados provocaron un daño estimado de 13 mil 392 millones 548 mil 798 pesos.
Se trata de 53 empresas y 34 personas que actuaron en su representación, mismas que son acusadas de coludirse para fijar, elevar, concertar y manipular el precio de distribución de gas licuado de petróleo.
Lo anterior con acciones para dividir, distribuir, asignar o imponer porciones del mercado en el territorio nacional.
El gas LP es el combustible de uso doméstico más utilizado en el país y, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ocho de cada 10 familias lo utilizan como su principal combustible para la cocción de alimentos.
Tan solo de enero a junio de 2022, el valor de las ventas totales de gas LP a nivel nacional ascendió a más de 36 mil millones de pesos, de acuerdo con datos del Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía.
Tras la investigación realizada, la Cofece determinó que había elementos suficientes para acreditar las prácticas monopólicas absolutas realizadas por los distribuidores imputados –que forman parte de los grupos Soni, Nieto, Tomza, Simsa, Global, Uribe y Metropolitano– en la Ciudad de México y algunos municipios del estado de México, Culiacán, Colima y Tamaulipas.
Sobreprecios indebidos
“Mediante estas conductas los agentes económicos acordaron mantener sus participaciones de mercado y evitar competir entre sí, lo que se tradujo en un deterioro de las condiciones de oferta de este importante energético, así como el cobro de sobreprecios indebidos Las conductas fueron catalogadas de gravedad alta y se impusieron multas”, explicó la Cofece.
El organismo también consideró procedente imponer la sanción de inhabilitación a diversas personas físicas que participaron en algunos de los acuerdos acreditados durante la vigencia de la Ley de Competencia Económica.
