En un ambiente político extremadamente polarizado en el que predominan las descalificaciones de ambos lados, una opinión externa sobre el desempeño del gobierno tiene importancia. Más aún, si es la opinión de una entidad asociada a visiones ortodoxas y con una historial reconocidamente crítico del intervencionismo estatal. Se trata de la opinión del Fondo Monetari Internacional (FMI), que ha declarado en un comunicado que México “está bien posicionado para sortear los retos (planteados por el menor crecimiento de Estados Unidos y el endurecimiento de las condiciones financieras globales), debido a la solidez de sus políticas macroeconómicas y sus marcos de política económica”.
Este respaldo del Fondo al diseño de política económica y a su puesta en marcha se entrega formalmente al gobierno federal y luego se hace público. Por supuesto, junto con este respaldo se plantean críticas y recomendaciones, que quedan a juicio del gobierno incorporar en su diseño presupuestal para los años siguientes. El comunicado está firmado por el Directorio Ejecutivo del FMI. Sus conclusiones se fundamentan en la visita que anualmente es realizada al país por funcionarios de ese organismo, en la que recaban información y se entrevistan con autoridades del gobierno federal en materia económica. Lo relevante es que la directora gerente del Fondo y los directores ejecutivos respaldaron “la idea central de la evaluación del personal técnico del FMI”, es decir, apoyaron la política económica instrumentada por el gobierno federal.
El breve análisis del FMI repasa aspectos centrales del funcionamiento de nuestra economía. Un primer asunto es que están de acuerdo con las “políticas macroeconómicas prudentes para enfrentar la inflación” y con el “enfoque proactivo” del Banco de México. Coinciden con el BdeM en que ante la incertidumbre sobre la trayectoria de la inflación en 2023 podrían ser necesarios incrementos adicionales de las tasas de interés, manteniendo una política monetaria restrictiva. El FMI propone que los aumentos salariales estén alineados estrechamente con la inflación y con los aumentos de productividad.
Esta propuesta es contraria a lo que el gobierno ha venido haciendo desde 2018, cuando los aumentos al salario mínimo han sido siempre superiores a la inflación, lo que constituye uno de los grandes logros de esta administración, buscando incrementar la capacidad adquisitiva de los salarios mínimos y de los contractuales. Consecuentemente el gobierno no podría aceptarla. De hecho, en la negociación en curso para fijar el salario mínimo para 2023 se ha propuesto por parte de los empresarios un incremento de 15 por ciento que lo llevaría a 6 mil pesos mensuales, quedando por expresarse la propuesta gubernamental que será por supuesto mayor a ese 15 por ciento.
Otro asunto es la política fiscal. El FMI respalda la neutralidad de la política para 2022 y 2023, pero anotan que la decisión de subsidiar las gasolinas afectó sensiblemente las finanzas públicas. En el Informe sobre las Finanzas Públicas al tercer trimestre se puede estimar que dejó de ingresar 8 por ciento de los ingresos no petroleros. El propósito fue reducir presiones de precios, pero ante nuevos aumentos en los precios del petróleo, el FMI sugiere que se “elijan apoyos más focalizados”. Esta propuesta está en línea con diversas críticas a esta política del gobierno que han demostrado que este subsidio es fiscalmente elevado y regresivo, es decir, se distribuye inequitativamente entre la población: 96 por ciento del beneficio fue entregado al 10 por ciento más rico de la población y sólo 4 por ciento a los hogares pobres. En este aspecto, es claro que el FMI tiene razón al plantear una idea distinta para defender a los hogares de menores recursos de la inflación.
Un tercer asunto es el referente a los “amortiguadores fiscales” que remiten a los márgenes de maniobra que pudieran tener las finanzas públicas. Sabemos que este gobierno ha decidido no aumentar la carga fiscal, ni incrementar la deuda externa. De modo que, ante eventuales dificultades del lado de los ingresos, la única posibilidad de ajuste a corto plazo es endeudamiento neto adicional. La indicación del FMI de “reformar el marco institucional para lograr una mayor flexibilidad a largo plazo”, en realidad propone incorporar una reforma fiscal que es, en nuestra opinión, no sólo necesaria, sino políticamente conveniente.
Lo relevante de las conclusiones de esta Consulta del Acuerdo IV con México es el reconocimiento explícito de la política económica que se ha venido instrumentando y esto, es obvio, tiene significación en diversos ámbitos, como en las calificaciones crediticias, pero también en lo que ocurre en nuestra economía, sobre todo en la relación del gobierno con importantes empresarios, particularmente con los banqueros.
