El Instituto Nacional Electoral necesita ser salvado. Está bajo ataque y con ello la vida democrática en nuestro país corre riesgo; el órgano encargado de velar, procurar y garantizar la democracia es amenazado por intereses oscuros que buscan que la parcialidad impere en una institución que tendría que ser árbitro imparcial para, con ello, convertirse en motor de la voluntad popular e impulsor de la libertad ciudadana con la que el pueblo decide sobre los asuntos de interés nacional, por ello es urgente salvar al INE y protegerlo de quienes lo tienen secuestrado.
Lejos de pretender desaparecerla o de restarle autonomía, la reforma busca blindar a la máxima autoridad electoral en México para que no sea utilizada en contra, justo, de la democracia. Es normal que existan resistencias a democratizar lo que sea: la derecha siempre ha visto como un riesgo que la ciudadanía se empodere y decida. Por ello ha tratado de impedir históricamente que todo poder dimane del pueblo, derecho consagrado en nuestra Constitución que con la reforma político electoral que se discute hoy en México sería, de aprobarse, más fácil garantizar.
Que no le vendan la cantaleta de que se busca desaparecer al INE, amenaza que circula en chats de tías con un tono agorero que, junto a él, el de las parientas de Guanajuato de Jorge Ibargüengoitia era fresa. Lo que se busca es reducir la cantidad de consejeros de 11 a siete y que sea el pueblo el que los elija, no los partidos políticos. También se pretende disminuir la cantidad de senadores de 128 a 96 y de diputados de 500 a 300; se propone, además, que el financiamiento a los partidos políticos sea exclusivamente para campañas electorales y, entre otras cosas, el que para que una consulta popular sea vinculante deba contar con 33 por ciento del padrón electoral, y no con 40, que es el requerido en la actualidad.
Hemos llegado a un punto en que el mismo instituto encargado de asegurar a la ciudadanía el pleno ejercicio de sus derechos político electorales, y de contribuir con la difusión de la cultura democrática, se ha convertido en un obstáculo para garantizar estos derechos. El ataque a los principios, facultades y misión del INE es algo que se repite desde hace ya demasiados años dentro del órgano y de sus opulentos –por no decir exóticos– consejeros, quienes han dejado claro que no están de acuerdo con una austeridad que elimine gastos superfluos e innecesarios, lo que es muestra de que están alejados de una población a la que se consideran ajenos y de la que, incluso, se burlan de manera racista ante sus usos, costumbres y lenguaje, como dejó en evidencia aquella comunicación entre Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo Molina, en la que “jocosamente” hicieron mofa de un líder indígena.
La imparcialidad de los consejeros del INE es un mito genial. Desde el propio instituto se lleva a cabo una operación que beneficia a grupos de interés político y que se da, por ejemplo, a través de interpretaciones sesgadas de la veda electoral que no responden a la intención de una disposición que busca generar reflexión sobre la intención de voto; entonces prohíbe mañaneras o ejercicios de rendición de cuentas y con ello vulnera el derecho del pueblo a ser informado por las autoridades sobre asuntos de interés público que nada tienen que ver con un proceso electoral.
Quien propone una reforma al INE no es su enemigo, al contrario. Si usted que lee estas líneas –o alguien que conoce– considera lo opuesto, propongo, con la intención de construir juicio crítico que abone a la discusión, formularse las siguientes preguntas: ¿es inadecuado pretender reducir salarios onerosos de consejeros electorales?, ¿le parece que a los partidos políticos hay que seguir dándoles tanto dinero como el que cada año reciben?, ¿está usted de acuerdo con que el consejero presidente del INE se refiera a grupos indígenas en tono de burla?, ¿considera adecuado que desde el consejo del instituto encargado de la democracia se haga un llamado a no participar en una consulta realizada por este mismo órgano?, ¿está de acuerdo en que el INE haga una encuesta para luego esconderla bajo el pretexto de que la opinión ciudadana “es cambiante”?
Salvemos al Instituto Nacional Electoral, modifiquemos no sólo su nombre, sino también lo que hoy permite que desde su interior se atente contra la labor que debería llevar a cabo: proteger y fomentar la vida democrática. Póngase en contacto con su diputado. Hágale saber cuál es su postura ante la reforma electoral. Pídale que la lea –porque algunos dijeron que no lo van a hacer– y que vote en representación suya, no en la de su bancada u otros intereses particulares.
