Los cuatro militares acusados de haber participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotizinapa presentaron una denuncia penal “en contra de quien resulte responsable” por falsificación de pruebas y exigieron la renuncia de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Los abogados César Omar González y Alejandro Robledo Carretero, defensores de los elementos castrenses, indicaron que la demanda señala la posible comisión de los delitos de falsificación de documentos, contra la administración de la justicia y falsedad en declaraciones.
Los detenidos son el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel, quienes enfrentarán un proceso penal por delincuencia organizada y sus presuntos vínculos con Guerreros unidos, organización delictiva relacionada con la desaparición de los estudiantes en septiembre de 2014.
En conferencia de prensa, los litigantes señalaron que en la investigación y proceso penal contra sus clientes “no hay elementos de prueba que justifiquen el actuar de la Comisión de la Verdad ni de la fiscalía especial para el caso Iguala. Para decirlo claramente: se ha fabricado su participación con elementos de prueba falsos”.
En la denuncia penal presentada ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR), los cuatro militares, por medio de sus representantes, solicitan que se investigue a quien resulte responsable de haber falsificado pruebas en su contra. Aseguran que se “fabricaron” los mensajes de WhatsApp con los que se sustenta su presunta participación.
El abogado González expuso que con “atropellos desde el poder se ha puesto en riesgo, una vez más, el conocimiento de la verdad de los hechos ocurridos hace ocho años” en Iguala y “han generado un efecto corruptor en el presente caso”.
Informó que la defensa elaboró un dictamen informático en el cual “quedó claro que no hay forma de demostrar que las conversaciones sean auténticas, ya que presentan inconsistencias y discrepancias importantes en la interfaz y en los metadatos de los archivos; por lo tanto, es sumamente cuestionable” la prueba que los relaciona con la desaparición de los normalistas.
Refirieron que Encinas, “en su intento de obtener resultados rápidos y visibles, hizo a un lado a sus colaboradores, presentando (en agosto pasado), a espaldas de ellos, un informe falto de rigor, elaborado con evidencia cuestionable, por no decir abiertamente falsificada, y puso en peligro el futuro de la investigación”.
