La Paz. El gobierno de Bolivia jamás permitirá la toma del poder por la fuerza, afirmó ayer el presidente Luis Arce, al presentar el informe de su gestión bienal ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Tenemos completa certeza de que el respaldo de nuestro pueblo es amplio y reconoce un gobierno patriota que busca el bienestar nacional, por encima de intereses sectarios o regionales”, subrayó el mandatario.

Arce pronunció un discurso de casi tres horas ante el vicepresidente David Choquehuanca, los legisladores, ministros, jefes militares y policiales, representantes del cuerpo diplomático, autoridades departamentales y municipales, así como líderes de organizaciones sociales. Defendió su gestión en estos dos años de gobierno y aseguró que el país registra cifras macroeconómicas positivas, con un crecimiento del PIB de 4.1 por ciento y una inflación de 1.8 por ciento.

La intervención tuvo lugar en momentos en que sectores opositores de Santa Cruz mantienen un paro indefinido que comenzó el 22 de octubre, en demanda de que se adelante el censo previsto para 2024.

Encabeza ese grupo de poder el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, a quien secundan muchos de los que lo acompañaron en noviembre de 2019 en las revueltas que desembocaron en la forzada renuncia del ex presidente Evo Morales y la imposición inconstitucional del gobierno de facto de Jeanine Áñez.

Como resultado del golpe de Estado se perpetraron matanzas como las de Sacaba y Senkata, con saldo de 38 fallecidos.

Arce expresó la seguridad de que la organización, movilización y conciencia de las fuerzas populares impedirán que esos grupos logren su objetivo desestabilizador.

Recordó que en 2020 con el pueblo en las calles y en las urnas, Bolivia recuperó la democracia con 55.11 por ciento de los votos.

El técnico del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, Jorge Akamine, declaró ayer que la delegación cruceña y las representaciones de La Paz, Tarija y Beni abandonaron la mesa técnica para definir una nueva fecha para efectuar el censo que aún se discute en Trinidad, Beni, debido a que no cambiará la postura del Instituto Nacional de Estadística que pretende realizar el censo en 2024, informó Página 7.