Ciudad de México. El incremento de días de vacaciones para los trabajadores, al duplicar en automático los pasivos laborales asociados a esta prima de descanso, puede incentivar la informalidad e interrumpir la recuperación del mercado de trabajo e inversiones, advirtieron integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Laura Grajeda, presidenta de la asociación, reconoció que adelantar cuáles serán los efectos de esta reforma “es especular”, pero no dejó de recalcar que “podría generarse mayor informalidad”, dado que son nuevos costos que deberán asumir los empleadores y que pesarán más sobre los pequeños negocios.

En conferencia de prensa, detalló que si bien la Reforma a la Ley Federal del Trabajo, que duplica el periodo de vacaciones pagadas a partir del primer año, a doce días laborables, va dirigida atender problemas incipientes de salud en los trabajadores, tiene costos económicos que los patrones deben considerar.

“En automático se duplica el pasivo laboral por concepto de prima vacacional”, explicó Grajeda. La tasa no se cambia de 25 por ciento, pero ahora debe ser doce en lugar de seis días; además se incrementa a su vez la base de los impuestos sobre nóminas estatales, amplió.

“En varios foros se han propuesto esquemas progresivos para este incremento en las vacaciones, pero a menos que en la Cámara de Senadores se reconsidere, tendremos un 2023 cada vez más complicado para los empleadores del país, sobre todo, refiriéndonos a los más pequeños”, consideró la titular del organismo privado.

También en la conferencia, Eduardo Michán Escobar, presidente de la Comisión Fiscal Internacional del IMCP, advirtió que los efectos de la convención multilateral —impulsada en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para evitar la doble tributación o la evasión/elusión de impuestos por parte de las empresas— están limitados para México por los más de 60 tratados fiscales internacionales que ha suscrito y entre los cuáles su pares no han ratificado el instrumento.

Tal es el caso de Estados Unidos, país con el que México mantiene uno de sus principales vínculos comerciales. Sin embargo, el tratado fiscal entre ambos países ya contiene algunas cláusulas similares a las contenidas en la convención multilateral de la OCDE, que pueden ayudar a destrabar las interpretaciones de cómo deben pagar impuestos las empresas de ambas economías.