Cuernavaca, Mor., El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, aceptó ayer que el cuerpo de Ariadna Fernanda, encontrado el 31 de octubre en la inmediaciones de la autopista La Pera-Cuautla, presentaba lesiones cuando se le hizo la primera autopsia, pero éstas, dijo, no causaron su muerte.

Lo anterior contradice lo que el mismo Carmona Gándara sostuvo el viernes pasado, cuando aseguró que el fallecimiento de la joven de 27 años se debió “a una grave intoxicación alcohólica y la consecuente broncoaspiración”, y que no se habían hallado huellas de violencia en el cuerpo.

En conferencia de prensa que ofreció la mañana del martes, el fiscal negó que la institución a su cargo haya intentado encubrir a Rautel N, presunto responsable del feminicidio de Ariadna, como aseveró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

“En lo que sí coincidimos es que es este señor Rautel, que no conozco y no sé quién es, por supuesto que estuvo dentro del territorio de Morelos y muy próximo, prácticamente en la zona donde se halló el cuerpo; eso lo tenemos acreditado perfectamente y técnicamente”, recalcó.

En cuanto a la necropsia que hizo la fiscalía capitalina, en la que se determinó que Ariadna Fernanda perdió la vida a causa de traumatismo múltiple, Uriel Carmona manifestó que respeta estos resultados y el actuar del organismo, así como a Sheinbaum.

“Sin embargo, han tenido opiniones apriorísticas. Ellos, hasta este momento no conocen la necropsia del equipo legista de la fiscalía de Morelos; se han aventurado a descalificar este trabajo, y eso solamente se va resolver ante jueces y tribunales”, advirtió.

En tanto, al mediodía de ayer, colectivos de mujeres de Tepoz-tlán, Morelos, así como amigos y familiares de Ariadna Fernanda, protestaron en el kilómetro 7 de la autopista La Pera-Cuautla, donde colocaron ramos de girasoles, la flor preferida de la joven; leyeron un pronunciamiento en el que exigieron a las autoridades poner alto a los feminicidios.

También solicitaron la renuncia del fiscal morelense y que la Fiscalía General de la República investigue a los servidores públicos que hayan sido omisos o incurrieron en algún acto de corrupción.