La ausencia de bases populares en la construcción política del Estado “emanado” de la Revolución Mexicana terminó a la postre en el olvido de las reivindicaciones abanderadas por sus dirigentes. El curso histórico priísta de ese Estado consumó su tarea entregándolo a la caterva neoliberal en 1982, que no podía tener frente a sí bases populares organizadas para frenarlos.
El pueblo recuperó en 2018 una importante representación política, pero ese recurso puede ir diluyéndose, a menos que la historia le sirva de lección política; con su diversidad, el pueblo debe cobrar presencia sustantiva en la conformación del poder político en todos sus niveles, para empujar reformas estructurales y mantener políticas públicas en beneficio de las mayorías. Sacar de la pobreza a millones de mexicanos no será posible sin el concurso permanente del pueblo de México en las instituciones del Estado.
Una línea necesaria es la reforma del municipio, desde la visión y necesidades de todos los pueblos. El municipio ha sido casa menguada y escuela política miserable de los ciudadanos de abajo; ha vivido maniatado, a merced de caciques brutales y cercenado en sus facultades por el régimen político centralizado en el que vivimos. Una realidad muy distinta a la disposición fundamental del artículo 115 constitucional: “Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre (destacado: JB). “Libre” se llama en el papel.
México tiene 2 mil 471 municipios (2021); en 1990 eran 2 mil 368. Hay un crecimiento de 3.3 municipios por año en promedio, una dinámica que refleja el crecimiento y diversificación de la población; pero hay también una acentuada heterogeneidad: en los extremos, Baja California con 3.8 millones (M) de habitantes y Oaxaca con 4.1 M, tienen siete y 570 municipios, respectivamente; sólo cinco de los 31 estados concentran más de la mitad del total de los ayuntamientos: Oaxaca (570), Puebla (217), Veracruz (212), Jalisco (125) y estado de México (125). La heterogeneidad es mayor cualitativamente, si se consideran los mundos diversos de las culturas que los habitan.
Los neoliberales realizaron, nada menos, 32 reformas al artículo 115. Las reformas más amplias ocurrieron en 1983 y 1999, con ocho y 14 reformas, respectivamente, bajo criterio neoliberal centralizador, viendo de arriba para abajo. Es hora de revisar la integración de los cabildos y sus facultades legislativas y ejecutivas; específicas para cada municipio, según las necesidades y visiones de los pobladores de cada uno. El referente para esa revisión no puede ser sino su propia vida real: costumbres, alimentación, educación, salud, techo, comunicaciones, información. Disposiciones para manejar presupuestos municipales suficientes. Herramientas y facultades para hacer efectivo el municipio libre. Liberarlo de leyes estatales y federales que los constriñan, y de poderes fácticos y cacicazgos que explotan, reducen, deforman, la vida de sus habitantes.
Los pobladores de cada municipio están insertos en realidades económicas, políticas y jurídicas que los rebasan, que afectan por necesidad la vida de todos. Deben, por tanto, también tener voz y voto en las decisiones de alcance estatal y nacional.
Ahí donde exista una moneda nacional, intercambios mercantiles y trabajo remunerado (asalariado o por cuenta propia), existe una economía (local o nacional) gobernada por determinaciones opacas, provenientes de la formación del valor y las leyes de la economía política, con sus desiguales cauces en la distribución de los bienes producidos socialmente, y en la formación del excedente; por tanto, en un uso de éste que determina la reproducción ampliada de esa economía. La economía nacional no es, a su vez, sino un fragmento de la economía planetaria, para la que rigen esos mismos principios. En el plano planetario y en el nacional, la distribución de los bienes producidos socialmente está sujeta a la correlación de fuerzas entre quienes ahí participan. En el plano nacional el Estado es el actor más potente para incidir en la distribución. Es, por tanto, necesario, que todos –todos los pobladores de todos los municipios– puedan incidir en las decisiones de alcance nacional y estatal. Que los miembros del cabildo puedan incidir en las decisiones de esos dos niveles. La política económica del Estado suele partir de un diagnóstico de la situación económica. Ese diagnóstico interesa, por tanto, a todos los municipios.
Es preciso revisar las facultades legales y administrativas que se refieren al pacto federal, en favor del pacto social nacional representado por el conjunto de los ayuntamientos. Es así que el municipio puede convertirse en hogar efectivo, real, de sus pobladores y, también, escuela de formación política de los ciudadanos confederados en un Estado nación con creciente democracia real y efectiva para todos.
