Gracias a la serie de excelentes reportajes: “Ecos de la contrarreforma agraria” que nos ofreció La Jornada la semana pasada, es posible acercarnos a lo que ha ocurrido en la cuestión agraria después de 30 años de contrarreforma.

Los datos del Registro Agrario Nacional confirman que muy poca extensión de la propiedad social se ha vendido, cerca de 5.3 millones de hectáreas, de las 105 millones que existían en 1992, a la par que el número de ejidos y comunidades ha aumentado en más de mil, lo mismo que los sujetos agrarios con derecho a la tierra que aumentaron en más de 2 millones. Así el núcleo de la contrarreforma salinista de desamortizar la propiedad de la tierra y permitir que entrara al mercado fracasó. México sigue siendo el país que tiene más de la mitad de su territorio como propiedad social.

En los estados analizados por La Jornada que se caracterizan por tener regiones agrícolas de importancia, existen distintos mecanismos de control de las parcelas ejidales.

En Sinaloa sólo 5 por ciento de la tierra parcelada ha pasado a ser propiedad privada, pero el avecindamiento simulado –como explica Valenzuela– ha sido el mecanismo para comprar derechos parcelarios a los ejidatarios originales. Esta cesión de derechos afecta al 11 por ciento de la superficie parcelada. La renta de la tierra es el mecanismo generalizado en el estado para controlar grandes extensiones de superficie agrícola de riego y a través de economías de escala lograr la rentabilidad de cultivos, principalmente de granos y oleaginosas, que es imposible para los pequeños agricultores sinaloenses que cuentan con alrededor de 10 hectáreas de riego. La renta afecta a 70 por ciento de la superficie ejidal parcelada. Los reportajes de Sinaloa expresan las dificultades de los pequeños agricultores comerciales para obtener financiamiento y sistemas de comercialización que les permitan que su actividad sea rentable, por lo que optan por rentar su tierra a los grandes empresarios agrícolas.

En Chihuahua, el dominio pleno que transforma en propiedad privada las parcelas ejidales afectó a casi una cuarta parte de la superficie (23 por ciento), mientras la cesión de derechos no es tan importante, menos de 2 por ciento. El investigador Quintana nos ilustra sobre cómo los agricultores menonitas perforaron pozos profundos en tierras desérticas dedicadas a la ganadería para transformarlas en tierras de agricultura intensiva, por ejemplo, para la producción de nogales, aún sin contar con el permiso de cambio de uso de suelo. La sobrexplotación de los mantos acuíferos provoca la reducción de agua para los ejidatarios que no tienen los recursos para ese tipo de perforaciones. Desde hace una década los ejidatarios cercados por colonias menonitas han denunciado el acaparamiento del agua que incluso ha costado varias vidas.

Los menonitas también están en el centro de lo que ocurre en Campeche, donde 8 por ciento de superficie ejidal parcelada ha pasado a ser propiedad privada y donde la cesión de derechos parcelarios afecta a 5 por ciento de la superficie. Los menonitas, han logrado hacerse de grandes extensiones de tierra a través de la compra de derechos parcelarios para convertirse en ejidatarios. Establecen relaciones de compadrazgo con los campesinos mayas y extienden el control de su territorio para la agricultura comercial intensiva de soya, en algunos casos transgénica, arroz, maíz o sorgo. Talan la selva a matarrasa y usan agrotóxicos que amenazan a la apicultura maya y afectan la salud de la población, pero muy pocos se atreven a denunciarlos.

En Jalisco y Michoacán, las agroindustrias de exportación se han hecho de la tierra a través de contratos de renta de largo plazo (20 o 30 años) con los ejidatarios, muchas veces en lo individual y algunas con las asambleas ejidales. En Jalisco sólo ha pasado a dominio pleno 7 por ciento de la superficie ejidal parcelada y la cesión de derechos no es importante, pero el cambio en el patrón de cultivos hacia agave, berries y aguacate de exportación ha sido drástico y compite con la producción de alimentos. En Michoacán sólo se ha privatizado el 2 por ciento de la superficie parcelada, pero los cultivos de exportación como las plantaciones de aguacate son anteriores a las de Jalisco, provocan la tala de los bosques, el acaparamiento y contaminación de agua en perjuicio de la agricultura de temporal. Los ejidatarios y comuneros están cada vez más ­arrinconados.

Estos ecos de la contrarreforma agraria muestran cómo, aunque el propósito esencial de privatización de la tierra fracasó, el proyecto de largo plazo de sustituir la agricultura campesina por la empresarial, incluso corporativa y trasnacional, ha seguido en marcha y los ejidatarios y comuneros, con muy pocos apoyos, enfrentan con sus propias fuerzas la disputa por el territorio y los bienes naturales, contra la agricultura empresarial, que cuenta con los favores de fuerzas políticas muy poderosas.

*Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)