La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará esta misma semana si es constitucional o no la interpretación del concepto de propaganda gubernamental, hecha para permitir a los funcionarios públicos hacer difusión a favor del proceso de revocación de mandato. Por incurrir en esta conducta, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha incluido a 17 mandatarios estatales surgidos de Morena y a integrantes del gabinete presidencial en su lista de sancionados, lo cual podría impedirles competir en el futuro por cualquier puesto de elección popular.
Las acciones de inconstitucionalidad promovidas por PAN, PRI, PRD, diputados y senadores de oposición impugnan las reformas a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y Federal de Revocación de Mandato, donde se estableció que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas”.
Esta reforma fue impulsada luego de que, antes de la consulta de revocación de mandato –efectuada el 10 de abril de este año–, diversos funcionarios hicieron declaraciones públicas o publicaron mensajes en sus redes sociales, llamando a participar en ese proceso.
Esto incluyó la publicación de un desplegado de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, firmado por diversos líderes políticos, entre ellos 16 gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
Debido a esto, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó sancionarlos y, en junio pasado, el TEPJF aprobó que como castigo se les imponga a los servidores públicos la misma penalidad que la ley dicta para aquellos que cometen violencia política de género; es decir, incluirlos en una lista donde se establece que han dejado de tener “un modo honesto de vivir”.
Este último concepto es, según el artículo 34 de la Constitución, un requisito para ser ciudadano mexicano y, por tanto, para poder participar como candidato en cualquier votación para obtener un puesto de elección popular.
El análisis de las cuatro acciones de inconstitucionalidad sobre este tema fue encomendado a Yasmín Esquivel Mossa, quien no ha hecho público su proyecto de sentencia.
Si la SCJN avala las reformas impugnadas, las sanciones impuestas a los funcionarios quedarían sin base legal. En cambio, si las declara inconstitucionales, quedaría limitada la posibilidad legal de que los servidores públicos sancionados puedan participar en las próximas elecciones federales.
