Un total de 15 servidores públicos han sido sancionados por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, debido a las irregularidades en la gestión del presupuesto participativo del año pasado.
De acuerdo con el titular de la dependencia, Juan José Serrano Mendoza, los órganos internos de control de las alcaldías emitieron 75 observaciones administrativas y económicas por más de 100 millones de pesos; al momento suman 264 expedientes de investigación abiertos en todas las demarcaciones.
Debido a la pandemia, el año pasado se realizó la consulta de proyectos de presupuesto participativo 2020 y 2021, lo que provocó varias quejas de vecinos, debido a la premura del proceso y la cantidad de proyectos a ejecutar, principalmente en medio del cambio de gobierno en las alcaldías.
Entre las anomalías destaca un caso en Cuauhtémoc, donde un proyecto de gestión cultural terminó en una propuesta de la alcaldía para contratar personal que ofreciera pláticas motivacionales, sesiones de yoga y recorridos en bicicleta con costo unitario de más 50 mil pesos cada uno.
Este año también han habido quejas. Por ejemplo, en Miguel Hidalgo, donde vecinos acusan a la alcaldía de querer contratar a otra barra de abogados diferente a la que ha encabezado la defensa jurídica del parque Reforma Social.
“Nuestro presupuesto no es como el de los demás, no es para luminarias, no es para pavimentación, es el rescate legal de un parque. El problema aquí es que debe haber una continuidad porque ya hay un resultado, entonces, que lo metan de nuevo a concurso es volver a empezar.
“Si escogen un nuevo despacho que desconozca el tema, pues vamos a empezar de cero y puede terminarse el tiempo y no concluir. Usted tiene que empezar el litigio y si lo lleva a un grupo de abogados lo tiene que continuar porque de otra manera o corre el riesgo de irse abajo o que se termine el tiempo y no se pueda concluir”, explicaron Araceli Solorio y Gustavo Sánchez, quien explicó que desde 2019 los vecinos han defendido el parque Reforma Social mediante el presupuesto participativo.
Al momento, la alcaldía realiza el proceso de adjudicación del proyecto por el que se tendrían que erogar 1.3 millones de pesos, y por el que concursan tres despachos de abogados.
La semana pasada, este medio dio a conocer que hasta septiembre pasado las 16 alcaldías habían adjudicado poco más de 4 por ciento del total de recursos del presupuesto participativo 2022. El riesgo, advirtió la diputada de Morena Nancy Núñez, es que las demarcaciones subejerzan los recursos sin la posibilidad de concretar los proyectos ganadores en la consulta.
