La Comisión Técnica para el Censo de Población y Vivienda de Bolivia determinó ayer, tras instalar una mesa de diálogo en Trinidad, ubicado en el departamento de Beni, analizar seis propuestas para fijar la fecha de este registro poblacional, de las que al menos tres establecen que podría realizarse en 2023, en el décimo quinto día del paro cívico indefinido en el opositor departamento de Santa Cruz que exige adelantar el proceso.
“Se han presentado esta mañana seis propuestas técnicas, se las ha expuesto y en este momento se está debatiendo el detalle de cada una de las actividades para analizar en cuáles podemos reducir plazos”, indicó el viceministro de Planificación, David Guachalla, según el diario Página Siete.
Santa Cruz, el motor económico del país, cumple 15 días de movilizaciones y bloqueos como parte de su paro indefinido que reclama que se realice en 2023 el censo de población, el cual permitiría a esa provincia obtener más recursos económicos y más escaños en el Legislativo. Inicialmente la fecha estaba fijada para ese año, pero el gobierno decidió aplazarla para 2024 por razones técnicas.
Las propuestas son las de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), de las alcaldías de La Paz y Santa Cruz, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de La Paz y una de los gobiernos autónomos indígenas campesinos.
Las tres primeras plantean que el censo se realice el próximo año, mientras las otras establecen un periodo entre 2023 y 2024.
La mesa técnica fue inaugurada antier por el presidente Luis Arce, quien denunció que este proceso se politizó y fue utilizado para “desestabilizar” e intentar “derrocar” a su gobierno.
Tras la presentación del informe del Instituto Nacional de Estadística y de los seis posibles cronogramas durante la primera parte de la sesión, los delegados técnicos serán los encargados de elegir la fecha del censo, una decisión que el gobierno anuncia como definitiva.
Tras las exposiciones, el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, dejó el encuentro con el asesor técnico del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, José Luis Santistevan, al denunciar que el gobierno interrumpió su participación y llevó a cabo medidas poco transparentes, como la de impedir que los asistentes ingresen con teléfonos celulares o el rechazo a presentar el programa de actividades censales del INE.
El viceministro Guachalla explicó que ambos no se encontraban acreditados para participar en la segunda etapa de la comisión técnica. Para esta fase, el Comité Interinstitucional de Santa Cruz se encuentra representado por la demógrafa Melvy Vargas y el economista Jorge Akamine.
Cerca de 30 técnicos que representan a autoridades departamentales, municipales e indígenas así como universidades participan en la mesa técnica que, según el gobierno, trabajará “por tiempo y materia” en revisar cada una de las 700 actividades programadas en el proceso censal.
El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, reportó a última hora de anoche que la mesa técnica logró revisar 170 de las 700 actividades del proceso censal. El trabajo continuará, dijo.
