La Auditoría Superior de la Ciudad de México determinó que los procesos administrativos efectuados por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para suscribir los contratos celebrados con la empresa que elaboró el dictamen técnico por el desplome de una trabe en el tramo elevado de la línea 12 del Metro, se realizaron conforme a la ley; sin embargo, emitió recomendaciones en contra de la dependencia por irregularidades observadas en el acuerdo para el arrendamiento del inmueble que ocupa en la colonia Juárez.
El órgano auditor refirió que si bien en el caso del convenio con la empresa DNV Energy Systems, por un monto de 15 millones 334 mil 100 pesos, se realizaron seis acuerdos modificatorios que cambiaron la fecha para la entrega de los reportes, observó que se efectuaron sin modificar el importe inicial estipulado y de conformidad con lo establecido en la ley.
De cualquier manera, también emitió ocho recomendaciones relacionadas con el contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en Abraham González 67, por 6 millones de pesos, debido a omisiones, tales como no incorporarlo al informe trimestral correspondiente y no fundamentar la adjudicación.
Anomalías en dependencias
En el caso de irregularidades en las que incurrieron otros entes ejecutores de gasto y que podrían significar responsabilidad de servidores públicos, la Auditoría observó que en la Comisión de Búsqueda de Personas hay errores en la integración de la documentación de contratos para servicios de consultoría, además de falta de control y supervisión que garantizaran la debida justificación de los pagos realizados con los servicios efectivamente recibidos.
De la misma manera, la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos no comprobó todas las actividades realizadas por prestadores de servicios contratados, mientras la Comisión de Derechos Humanos no hizo un proceso de licitación pública o de invitación restringida que le permitiera obtener mejores condiciones de precio y calidad al adquirir insumos; en otro caso, no cumplió sus propios lineamientos para recibir cotizaciones de empresas internacionales, además de nacionales, para comprar equipos de cómputo y licencias de programas.
