Ciudad de México. Ante el crecimiento acelerado de solicitudes de asilo y refugio en México, que ubica a nuestro país con la tercera demanda más alta a nivel mundial, se requieren cambios al reglamento de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, afirmaron especialistas, quienes destacaron que se debe garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas en tránsito, incluidos menores no acompañados.

Joanna Roldán, de la oficina del representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), destacó que no sólo es necesario una reforma al marco normativo, también destinar mayores recursos a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que sólo cuenta con siete oficinas en el territorio nacional.

Destacó que a nivel mundial, se estima que hay 103 millones de personas desplazadas, y una gran parte de ellas se encuentra en las Américas. “Nuestra región es escenario de múltiples movimientos migratorios, ya que se presentan flujos mixtos, pues hay personas que abandonan sus lugares de origen al huir de la violencia, pero también de los efectos del cambio climático”.

Ademas, explicó, existen otros motivos or lo que las personas migran, por lo que los Estados deben identificar rápidamente estas necesidades para derivarlos a sistemas de protección.

Reunidos en el Foro "Hacia la reforma del Reglamento de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, entre la práctica y la visibilización de las soluciones concretas”, Luis Gabriela Morales, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México, destacó que a todo solicitante de asilo se le debe garantizar el derecho de hacer su petición, y en ese proceso, garantizar su derecho a la no devolución.

El encuentro, convocado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México, indicó que ante el creciente número de solicitudes de asilo y la llegada de flujos migratorios a México, “debemos cambiar la percepción de que se trata de una crisis o un momento de emergencia, porque esta es la nueva realidad, ya no hay un criterio de excepcionalidad, y debemos actuar en consecuencia, tanto desde la perspectiva jurídica como en el financiamiento”.