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2022-11-05 17:13

Gobierno de El Salvador recrudece lucha contra pandillas

Avance de la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, en el municipio salvadoreño de Tecoluca, que el gobierno de Nayib Bukele planea destinar a los pandilleros más peligrosos.
Avance de la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, en el municipio salvadoreño de Tecoluca, que el gobierno de Nayib Bukele planea destinar a los pandilleros más peligrosos. Foto tomada de Twitter @OsirisLunaMeza.

San Salvador. El gobierno de Nayib Bukele, que se ha declarado en guerra contra las pandillas, dijo que los delincuentes más peligrosos serán sometidos al "más severo" encierro en un gigantesco centro penitenciario para 40 mil personas que se construye en El Salvador.

En el Centro de Confinamiento del Terrorismo, como se ha denominado, estarán encerrados "los mayores terroristas, gatilleros (pandilleros sicarios), palabreros (pandilleros jefes de células), colaboradores", aseguró en su cuenta de Twitter el viceministro de Justicia, Osiris Luna.

La enorme prisión está siendo levantada en Tecoluca, en el centro del país.

Luna mostró en Twitter fotografías de los avances en la construcción. En las imágenes se exhibe el interior de un pabellón de dos pisos con un ancho pasillo al medio y muchas celdas con gruesos barrotes. Desde el techo, pequeños tragaluz dejan pasar rayos de sol.

"El régimen al que van los terroristas es el MÁS SEVERO", advirtió Luna, también director de Centros Penales, sin precisar cuándo quedará terminada la megaprisión, aunque el gobierno ha estimado que podría estarlo a fines de año o a inicios de 2023.

El Congreso, a pedido de Bukele, declaró en marzo pasado un régimen de excepción para combatir a la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, las dos pandillas más poderosas del país y responsables de alarmantes cifras de asesinatos.

Además de permitir detenciones sin orden judicial, el régimen de excepción suspende la libertad de asociación, el derecho a la defensa que tiene un procesado, extiende el plazo de detención preventiva de tres a 15 días y faculta la intervención de las comunicaciones.

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