Guadalajara, Jal., El campo en Jalisco, desde hace al menos 10 años, ha sufrido una clara reconversión al pasar de cultivos tradicionales dedicados a la producción alimentaria a la agroindustria, la cual se enfoca en tres sectores: el agave, los berries y el aguacate.
Datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica del estado refieren que la superficie agrícola en la entidad es de un millón 190 mil 442 hectáreas, de las cuales la mitad se dedica a sembrar maíz; sin embargo, la proporción de tierras y, sobre todo, los ingresos obtenidos por la agroindustria han cambiado rápidamente ese horizonte.
En 2020, 34.68 por ciento del total de los ingresos del campo en Jalisco fueron para el agave, y 24.23 para el maíz, mientras el aguacate, que en 2012 apenas representaba 1.21 por ciento del valor de producción agrícola, en 2020 llegó a 5.86 puntos porcentuales y ha seguido aumentando la participación este año, pues comenzó a exportarse a Estados Unidos.
Carlos González, uno de los abogados agrarios más activos del país, quien encabeza la defensa territorial de ejidos y comunidades en diferentes estados o regiones indígenas, explicó que estas plantaciones están provocando la transformación en el campo por medio, sobre todo, de la renta de parcelas.
De esta manera, indicó, la agroindustria está sustituyendo al cultivo tradicional y alimentario principalmente de maíz y caña. “La incorporación de tierras ejidales y comunales al régimen de propiedad privada se ha estado dando además mediante la adopción del dominio pleno”, explicó.
Jalisco ocupa el sitio 11 entre las entidades que han inscrito más contratos de enajenación de derechos parcelarios en el Registro Agrario Nacional (RAN), con 14 mil 427 hectáreas; Sinaloa ocupa el primer sitio, con 182 mil 407.
El abogado agrario afirmó que el sur jalisciense ha sido especialmente pródigo en la renta y acaparamiento de la tierra por empresarios, que obtienen contratos por 20 a 30 años y que se dirigen particularmente a la producción agroindustrial.
El epicentro de esta reconversión es Ciudad Guzmán, cuyo alcalde, el petista Alejandro Barragán Sánchez, indicó que la tala de bosques para sembrar aguacates ha provocado que el lago de Zapotlán se sature con cieno, lo que causa frecuentes inundaciones y que la carretera que pasa a un costado del vaso lacustre sea intransitable.
En el mismo municipio y de forma contrastante, los túneles de cultivo de berries o los grandes plantíos de aguacate y agave impiden la filtración de agua al subsuelo, lo que ocasiona insuficiente recarga de mantos freáticos en toda esa región aledaña a los volcanes de Colima.
Enrique Trejo Torres, residente estatal de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) en Jalisco, el cual tiene la encomienda de financiar la actividad agropecuaria en el país con recursos de la Federación, manifestó que el cambio del uso de suelo en algunas regiones del estado “es preocupante”, sobre todo porque hay una supuesta política de autosuficiencia alimentaria del gobierno federal.
“Hay campos llenos de agaves que antes estaban dedicados al cultivo de maíz. Es algo que a nosotros como institución y parte de la banca de desarrollo nos interesa”, destacó.
Empero, reconoció que FIRA ofrece financiamiento por conducto de intermediarios, sobre todo la banca privada, lo que en ocasiones deja fuera a los pequeños productores, a quienes no les queda de otra que rentar o vender sus tierras.
Como institución, detalló, ese financiamiento es uno de sus más grandes retos, por lo que sugirió a los campesinos organizarse en grupos para solicitar créditos y asistencia técnica.
Frente a esta situación del campo jalisciense, aún hay ejemplos de resistencia para continuar con la vocación alimentaria, como sucedió en el ejido de San Isidro, municipio de San Gabriel, el cual hace tres meses recuperó 280 hectáreas que tenía en posesión la empresa estadunidense Amway-Nutrilite, la cual cultiva hortalizas en invernaderos.
En tanto, la organización agraria de nahuas en Tuxpan ha exigido ante el Congreso estatal que detenga los cañones antigranizo que usan agroproductores para evitar lluvias torrenciales que dañen sus cultivos, situación que ha perjudicado el ciclo del agua en detrimento de la siembra de maíz, que es de temporal.
Según el RAN, Jalisco cuenta con mil 464 núcleos agrarios (mil 406 son ejidos y 58 comunidades indígenas), donde hay más de 250 mil ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados.