Campeche, Cam. Mediante simulados contratos de usufructo y sociedades de inversión o el avecindamiento ilegal para que foráneos se hagan pasar como ejidatarios y reciban sus dotaciones de tierras, en Campeche han sido acaparadas en las últimas tres décadas por lo menos 300 mil hectáreas de 2 millones 938 mil 329 que poseen como propiedad social los 385 ejidos de la entidad.

La cifra podría aumentar en los próximos meses, porque, por ejemplo, el 13 de noviembre, la asamblea ejidal del núcleo Hopelchén discutirá si acepta el convenio de usufructo con la Fundación Alí –del ex delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) en Yucatán Alfonso Pereira Palomo– a fin de cederles unas 100 mil hectáreas de sus ampliaciones forestales para “proyectos de conservación”.

“El problema es que se trata de una discusión falsa, ficticia”, advierte el activista Álvaro Mena Fuentes, “ya que la decisión está tomada, pues cada uno de los 248 ejidatarios ya recibió 150 mil pesos como anticipo, correspondiente a 50 por ciento de la indemnización para cada uno (en total serán 300 mil pesos) para autorizar este despojo.”

Estrategias similares han tenido lugar en otros ejidos campechanos, pero el caso más emblemático fue el de Lerma, ubicado en la zona conurbada de la capital del estado y a orilla de la playa, que perdió más de 9 mil hectáreas mediante diversas tácticas que fueron desde el “avecindamiento ilegal”, en que personas foráneas fueron “reconocidas” oficialmente como ejidatarios por la asamblea general, lo que les dio derecho a recibir tierras para trabajar, hasta el soborno, amenazas o, como último recurso, el despojo.

En Lerma, cada ejidatario recibió estímulos económicos para aceptar el trato que permitió al grupo empresarial Mouriño, a través de la empresa Supermex (del español Carlos Mouriño Atanez, padre del extinto secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo), construir el proyecto Country Club, que actualmente cuenta con playa artificial, dos albercas, una de ellas semiolímpica, campos de golf, de futbol y de tenis, así como más de 300 departamentos o casas de playa.

Proyectos eólicos, cambio de uso de suelo para incrementar la superficie dedicada al cultivo de soya y palma africana, principalmente, o bien para la explotación maderera disfrazada de “proyectos de conservación forestal”, como ocurrirá con las 100 mil hectáreas de Hopelchén, son las motivaciones centrales para que en Campeche avance el proceso de privatización de la propiedad ejidal.

El caso Lerma

Hasta el último día de su muerte, Pedro Celestino May Can, líder de un grupo disidente del ejido Lerma y dirigente del Movimiento Campesino Tierra y Justicia, luchó por más de 13 años para revertir el despojo en Lerma. Promovió al menos seis juicios para recuperar parte de lo que se apropiaron empresarios como Carlos Mouriño o políticos como Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz.

El caso fue emblemático, porque a los comuneros les ofrecieron en 2008 unos 300 mil pesos por cada uno, camionetas de lujo, departamentos y dinero en efectivo para aceptar el parcelamiento del ejido, como el inicio de lo que posteriormente fue una venta disfrazada de 9 mil 685 hectáreas, que incluyen las 100 hectáreas donde se construyó el desarrollo inmobiliario Campeche Country Club.

Fue un negocio muy lucrativo, pues los empresarios compraron cada metro cuadrado en 40 centavos y lo revendieron en 288 dólares.

May Can falleció en 2021, a causa de cáncer, pero logró recuperar 630 hectáreas tras varios años de juicio. Su meta fue que le devolvieran al ejido las 9 mil hectáreas restantes, pero la muerte le ganó la batalla y desde entonces los inversionistas que adquirieron esas tierras mediante argucias legaloides ya no tienen ninguna preocupación.

Otro despojo similar ocurrió en el ejido Xmabén, municipio de Hopelchén –tierra de los siete pozos en maya–, donde en 1990, 21 menonitas (grupo de agricultores extranjeros que arribó a tierras campechanas en 1980) lograron ser considerados como avecindados y después como ejidatarios, y en tal condición les concedieron 5 mil 656 hectáreas para usufructo por un lapso de 30 años.

Los menonitas se separaron del ejido y crearon el asentamiento denominado Nuevo Durango.

Otra manera de despojo a los ejidatarios es mediante contratos de usufructo, uno de los cuales llevó en el ejido San Nicolás, municipio de Calkiní, a que unas 400 familias perdieran en 2017 la totalidad de sus 5 mil 130 hectáreas que cedieron para un proyecto de energía eólica con la empresa Vive Energía, de la Compañía Eléctrica del Valle de México.

Les prometieron hacerlos socios y darles una indemnización inicial de 25 mil pesos, que aumentaría cada año, pero el proyecto nunca se realizó, no se ha vuelto a saber de los empresarios; sin embargo, los comuneros ya no poseen tierras.

Entre los ejidos que han cedido sus parcelas a proyectos de inversión figuran Pomuch, con cerca de 85 mil hectáreas; Bolonchén, con más de 73 mil; Hopelchén, con 77 mil; Tenabó, 58 mil; Xbacab, municipio de Champotón, con unas 6 mil; Champotón, 10 mil, y San Nicolás, con 5 mil 100 hectáreas.

En noviembre se resolverá si el ejido Hopelchén cede a la Fundación Alí otras 100 mil hectáreas de sus ampliaciones forestales.

Dejan sin futuro a jóvenes

Álvaro Fuentes Mena, ex coordinador de la agrupación ambientalista Kakuxtal Much’Meyal AC y actual representante de la Red Mayense de Guardianes y Guardianas de Semillas de la Península de Yucatán y Chiapas, critica estos procesos de compraventa de tierras y señala que están dejando a los jóvenes ejidatarios sin patrimonio, sin futuro.

“¿Causas? Hay varias, sea por acciones o por omisiones del Estado. Pienso que la perspectiva tiene que ser ¿qué es lo que mueve al Estado?: La economía, y la que se está impulsando desde el Estado es una economía capitalista, que está fundamentada principalmente en la explotación de los recursos, y mientras ese tipo de economía no cambie, la situación va proseguir.

“Seguimos viendo cómo empresarios, tanto nacionales, locales y menonitas, gente de las mismas comunidades, empresarios mayas, etcétera, están generando las condiciones para que este tipo de explotación se siga dando, y mientras el Estado continúe impulsando la economía capitalista, esta explotación va seguir.”

Fuentes Mena lamenta que no haya regulación en este proceso de desincorporación de la propiedad social. Las autoridades agrarias no intervienen o lo hacen a favor de los empresarios, acusa.

“Antes en las comunidades mayas escuchábamos a nuestros mayores decir: la tierra no se vende, es sagrada, es nuestra herencia, es nuestro patrimonio, es nuestro legado, pero hoy esos principios y esos valores comunitarios se han ido perdiendo”, lamenta.

En su opinión, estas asociaciones entre ejidatarios y empresarios nunca terminan bien para los ejidos. Sucedió en Xmabén, donde se asociaron con menonitas, a quienes convirtieron en ejidatarios, y está pasando también en otros núcleos en los que hacen comuneros a los empresarios y al final se terminan quedando con la tierras.

“El hecho de que los ingresen como ejidatarios es terrible; es una situación totalmente contraproducente que pone en riesgo el patrimonio de nuestra generación; los jóvenes se quedarán sin tierras, ya no podrán trabajarlas”, destaca.